Condenan a Paclín a pagar más de $4 millones a dos ex empleadas del CD
Dos mujeres hicieron el reclamo en 2022 por servicios prestados en 2021. El municipio quería desligarse.
Intendente. Eduardo Menecier negó el nombramiento de las mujeres.
La Municipalidad de Paclín, que conduce el intendente Eduardo Menecier (Unión por la Patria), fue condenada a pagar más de $4 millones en concepto de daños y perjuicios a dos ex empleadas del Concejo Deliberante, que reclamaron por sus haberes adeudados correspondientes a servicios que prestaron como empleadas transitorias entre 2019 y 2021. Se trata de un caso que había llegado a la Corte de Justicia por la vía de amparo, y que en paralelo se discutió en el INADI. Además, la Municipalidad también deberá responder por las costas del expediente. Se trata de un fallo de primera instancia.
El juez civil nº2, Osvaldo Alejandro Romero, decidió hacer lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios iniciada por Laura Varela y Analía Ríos en contra de la Municipalidad de Paclín, por la suma de $4.159.041,97 "en proporción para cada una, más el interés igual a la tasa activa que mensualmente publica el Banco de la Nación Argentina desde el momento de la promoción de la demanda hasta el día de su efectivo pago".
Varela y Ríos, que son asesoradas por Myrian Juárez y Horacio Pernasetti, iniciaron en 2022 un reclamo por los haberes que nunca percibieron a cambio de los servicios prestados en el Concejo Deliberante, puestos de planta transitoria a los que accedieron designadas por el entonces presidente del cuerpo, Hugo Savio (JPC). Ambas habían sido designadas en diciembre de 2019, Varela con Categoría 15 y Ríos con Categoría 10. Sin embargo, a mediados de agosto de 2020 notaron que eran las únicas en el CD que no cobraban sus haberes.
Hicieron los reclamos pertinentes al municipio, que es quien liquida los haberes, y como respuesta obtuvieron que sus designaciones habían sido irregulares, entre otras razones porque consideraban que el CD se había extralimitado. Sin embargo, con los mismos instrumentos legales se había designado a otros empleados, dos hombres, que sí cobraban sus sueldos, por lo que ambas plantearon también una posible discriminación.
La Corte de Justicia le había rechazado un amparo a las mujeres al señalar que "el acto de contratación de las amparistas no fue emitido por el órgano municipal competente", por lo que consideraron que no se podía hacer reclamo alguno al Ejecutivo. Este argumento fue esgrimido por el municipio para oponerse al avance del trámite de la causa en el Juzgado Civil nº2 sin éxito.
En su fallo, el juez Romero reconoce que el Concejo Deliberante de Paclín "realizó los nombramientos de las actoras atribuyéndose facultades propias del Poder Ejecutivo, lo que claramente no correspondía a la luz de lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal", pero precisó que el Ejecutivo "no revocó los actos administrativos de dichos nombramientos, ni tampoco inició acción en sede judicial para obtener la declaración de nulidad de los actos referidos".
Por otra parte, en base a los testimonios que se tomaron en el expediente, el juez consideró que estaba acreditado que ambas mujeres habían prestado servicios en el Concejo Deliberante, pese a que el municipio había intentado deslegitimar la prueba que las mujeres presentaron.
