La querella recusó y denunció penalmente a la fiscal Reartes Sesto por supuesta alteración del expediente y omisión de pruebas. También denunció al intendente de Pozo de Piedra.
La causa penal por la muerte del trabajador precarizado de la Municipalidad de Pozo de Piedra Nazareno Maza (25) se encuentra estancada. A cuatro meses de la tragedia, el expediente ha sumado denuncias contra funcionarios municipales y, en las últimas horas, contra la fiscal en comisión de Belén y a cargo de la investigación, Florencia Reartes Sesto.
El joven falleció la madrugada del 18 de julio luego de un accidente ocurrido la noche anterior. Maza conducía una camioneta del municipio de Pozo de Piedra por la Ruta Provincial N°144 cuando el rodado cayó por una banquina y volcó, dejándolo gravemente herido. Inicialmente y ante la presunción de que no hubo terceros implicados, la fiscal dispuso que la camioneta fuera devuelta al municipio en calidad de “guardador”, a pesar de que no se había completado la totalidad de las pericias accidentológicas de rigor.
El vehículo fue depositado en un taller y semanas después fue remolcado hasta la plaza de Belén, donde quedó depositado frente a la comisaría. Mientras tanto, la familia Maza se constituyó en querellante particular con el patrocinio de la abogada Marcela González, quien denunció al intendente del municipio, José Yapura, por encubrimiento y ocultamiento de prueba.
Paralelamente, denunció al secretario de Cultura y Turismo, Hugo Ávila, por presunto peculado. La querella adujo que el joven fue enviado por su superior, fuera de su horario habitual de trabajo, a realizar el traslado de personas en una camioneta oficial, pese a no contar con la habilitación ni la cobertura adecuada para conducir vehículos del Estado. Ante la irregularidad en la realización de las pericias accidentológicas, en septiembre la querella denunció a la fiscal ante la Procuración General por supuesta “irregularidad procesal y mal desempeño de sus funciones”.
En octubre, la Sala de Sumarios de la Corte de Justicia comenzó el trámite para la realización de un sumario, que aún no ha sido resuelto. Recientemente, la querella denunció nuevamente al secretario Hugo Ávila por “abandono de persona”, argumentando que dejó a Maza trabajando sin supervisión, sin asistencia, sin controles y con negligencia funcional grave.
También sumó al expediente una denuncia contra Claudio Moreno, encargado del Parque Automotor del municipio, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio culposo. La abogada sostuvo que Moreno impartió órdenes de entregar un vehículo oficial a quien no era chofer.
Por otra parte, denunció al secretario General del municipio, Ariel Pascual Escotorín, por presunta falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Para la querella, el funcionario presentó un primer listado de beneficiarios del seguro de vida y luego un segundo listado modificado, incorporando recién allí a Maza. “La doble documentación constituye indicio claro de alteración o manipulación documental posterior al fallecimiento, que puede estar dirigido a favorecer al municipio o a terceros”, apuntó la querella.
Advirtió, además, que el horario de trabajo de Maza era de 7 a 11 y que con la tragedia quedó expuesto que cumplía funciones que no le correspondían hasta avanzadas horas de la noche, por “la promesa de ser puesto en planta permanente”.
Según fuentes judiciales, en las últimas horas la abogada González denunció en Fiscalía General a la fiscal Reartes Sesto por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, desobediencia o negativa a cumplir deberes propios del cargo, alteración o adulteración de documento público, falsificación ideológica y fraude a la administración pública en grado de tentativa.
La abogada informó que, entre las irregularidades que detectó, encontró una “alteración material del expediente con doble y triple foliatura, y fojas duplicadas, con más de 50 refoliadas”. También acusó a la fiscal de omitir la incorporación y peritaje de la licencia de conducir de Maza para determinar su labor como chofer y consignar incorrectamente la marca del teléfono secuestrado de la víctima.
Finalmente, la acusó de “inactividad procesal” por no solicitar la pericia mecánica ampliada de la camioneta siniestrada, no investigar “la ‘beca’ irregular ni la relación laboral encubierta”, no citar a los funcionarios denunciados ni ordenar el secuestro de documentación del municipio.
