También se ordenó remitir el expediente a Fiscalía General para investigar otro posible hecho contra la víctima.
El juez Correccional de Tercera Nominación, Javier Herrera declaró culpable a un hombre por el delito de “abuso sexual simple” y lo condenó a la pena de tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo. No obstante, el penado mantiene la libertad hasta que el fallo quede firme. A la vez, el magistrado resolvió que se remitan copias a la Fiscalía General, a fin de que se investigue otro posible delito contra la misma víctima.
Por tratarse de un delito privado, el debate se desarrolló a puertas cerradas. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, el ultraje sucedió a mediados de junio de 2023, en la Capital. Se precisó que se trató de un abuso sexual en la infancia (ASI) intrafamiliar. La víctima era una niña pequeña.
La investigación estuvo a cargo del fiscal de Instrucción de Novena Nominación, Jonathan Felsztyna. En la instancia de alegatos, el fiscal Correccional Víctor Figueroa mantuvo la acusación y solicitó la pena que finalmente fue aplicada por el tribunal. La defensa estuvo a cargo de los abogados del foro local, Fernando Alfaro y Gonzalo Figueroa Stticca.
Hasta tanto la sentencia quede firme, el magistrado impuso pautas de conducta. Entre estas medidas, se le prohibió mantener contacto, tanto directo como indirecto, con la víctima como con su grupo familiar. Una vez que la sentencia quede firme, se dispondrá la inmediata detención del condenado y su traslado al Servicio Penitenciario Provincial para el cumplimiento de la pena impuesta. También se dispuso oficiar a la Secretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud de la Provincia, a fin de que restablezcan los derechos vulnerados a la niña víctima y de esta manera se procure brindar el abordaje y contención necesarios.
El abuso sexual en la infancia (ASI) es una de las formas de violencia más devastadoras que pueden sufrir niños, niñas y adolescentes. Un dato crucial que los expertos siempre destacan es que la inmensa mayoría de estos abusos ocurren dentro del ámbito familiar. Los principales agresores suelen ser figuras cercanas como padres, abuelos, hermanos, tíos o primos.
El agresor ejerce un abuso de poder, utilizando la manipulación y las amenazas para generar un profundo sentimiento de culpa y vergüenza en la víctima. Esta dinámica hace que las víctimas tarden mucho tiempo, a veces años, en poder hablar sobre lo que les pasó.
Los expertos advierten que la familia puede convertirse en un ambiente propicio para el maltrato y el abuso. Los agresores se aprovechan del miedo, la culpa y la manipulación para silenciar a sus víctimas y garantizar la impunidad de sus actos. Es por esto que algunos profesionales se refieren a la familia, en estos casos, como una verdadera "prisión".
Muchas víctimas de abuso intrafamiliar no reaccionan porque han llegado a normalizar estos ultrajes. Con el tiempo, este trauma se profundiza; se sienten cómplices, indefensos y humillados, temiendo además ser estigmatizados.
La impunidad se alimenta del silencio de las víctimas, que callan por un estado de vulnerabilidad absoluta, cohibidas por el miedo y la culpa. Este silencio, por lo general, no es por un solo hecho, sino por una serie de agresiones que se agravan con el tiempo.
La vulnerabilidad de los niños y adolescentes se ve agravada por su inocencia, ya que no logran comprender la gravedad de los actos que sufren, especialmente si el agresor es una persona en la que confían. El agresor se aprovecha de ese amor y confianza. Aunque las víctimas saben que algo anda mal, suelen reprimir los recuerdos y terminan por normalizar o tolerar esos actos degradantes, quedando atrapadas en un círculo vicioso de secretos y silencio familiar.
La Línea 102 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes funciona las 24 horas, los 365 días. A través de este servicio, se pueden realizar consultas y asesoramiento.
Los delitos sexuales contra chicos y chicas son de orden público. De esta manera, la acción ante la Justicia podrá ser iniciada por cualquier persona y el Estado, a través de los fiscales, estará obligado a llevar adelante las investigaciones correspondientes. Es decir, se elimina el requisito de la denuncia de los representantes legales del niño, niña o adolescente como condición para proceder.