martes 17 de febrero de 2026
Por no festejar la reducción de la carga fiscal

Caputo, enojado con los empresarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó la disminución de las contribuciones de los empleadores que implicará la reforma laboral si finalmente se aprueba en la Cámara de Diputados. Además, se mostró sorprendido por la reacción empresaria.

“Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”, dijo Caputo en su cuenta de la red social X, haciendo referencia a un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que detalla la reducción del costo laboral en caso de aprobarse el proyecto que ya tuvo media sanción en el Senado. El mensaje fue retuiteado por el Presidente Javier Milei.

Ese informe señala que, a partir del Régimen de incentivo a la formalización laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) incluidos en la reforma, las contribuciones del empleador por un nuevo empleado bajarían desde el 27% actual al 15%, por un periodo de 48 meses. Así, la cuña derivada de sumar aportes personales y contribuciones patronales pasaría desde el 44% al 32%, bajando 12 puntos porcentuales del salario bruto del empleado.

El IARAF también compara la carga tributaria que pesa sobre el empleo formal en Argentina con la de los países miembros de la OCDE, a partir de los cambios introducidos por la reforma laboral. Según la metodología de la OCDE, los países con mayor presión en este rubro son Francia, con un 26,7%; Chequia, con 25,3%; y Estonia, también con 25,3%. En el extremo opuesto aparecen Nueva Zelanda, Chile y Colombia, que registran una carga nula. El promedio de los países de la OCDE se ubica en 13,4%.

En ese escenario, la Argentina presenta una carga patronal del 21,2% del costo laboral total, lo que la ubica en el décimo lugar entre los 39 países analizados. Sin embargo, al incorporar las modificaciones de la reforma laboral, esa presión se reduce al 20,6% para grandes empresas y al 19,7% en el caso de las pymes, lo que desplaza al país al puesto 11 del ranking.

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