El ministro de la Corte de Justicia, José Ricardo Cáceres, le pidió a la presidenta de la Corte, Fernanda Rosales Andreotti, que rechace la propuesta del Poder Ejecutivo para recortar el presupuesto que fue elevado por el Poder Judicial. En una extensa fundamentación, Cáceres defiende la autonomía del Poder Judicial y propone ejercer todas las facultades y "cumplir con el ineludible deber o pasar a ser un no poder, una simple caricatura del mismo o una mala copia de éste".
La misiva de Cáceres a la presidenta de la Corte responde al pedido del gobernador Raúl Jalil al Poder Judicial, Poder Legislativo y Tribunal de Cuentas para que readecuen el proyecto de presupuesto elevado al Poder Ejecutivo. El pedido fue que el incremento interanual sea del 69,5%, teniendo en cuenta la variación del índice de Precios al Consumidor.
Cáceres consideró que la Corte debe rechazar el planteo por la autonomía presupuestaria del Poder Judicial. "La autonomía presupuestaria es la atribución del Poder Judicial de elaborar su propio presupuesto, tiene raigambre constitucional, y es una de las condiciones que requiere el Poder Judicial para su independencia encontrándose íntimamente ligada a su operatividad", expresa en primer lugar.
Luego recuerda que la legislación ha buscado que el presupuesto del Poder Judicial no pueda reducirse de manera arbitraria.
Más adelante argumenta que la "unidad presupuestaria" de los tres poderes "no puede convertirse en un instrumento para imponer modelos a un poder independiente que cuenta con pautas propias".
"El Poder Judicial elabora su presupuesto siguiendo estrictas reglas de previsibilidad, austeridad y riguroso equilibrio presupuestario que siempre guiaron nuestra administración, ajustando sus gastos a un índice dentro del presupuesto general, menor al histórico fijado para la justicia, de modo que resulta imposible que el presupuesto proyectado desequilibre el presupuesto general de gastos, debido a su mínima incidencia", añadió en la presentación.
Seguidamente reclama por las estructuras que se crean desde el Poder Legislativo y que luego no tienen su correlato con financiamiento. "Nos encontramos ante la paradoja estos últimos años de sufrir quitas en el presupuesto al tiempo que se aprobaban leyes haciendo crecer el organigrama judicial sin tener cómo afrontar lo ya existente y la nueva estructura", manifestó.
"El panorama es difícil y complicado para todos los poderes, pero más aún para el Poder Judicial ya que no sólo se encuentra comprometida su independencia y con ella la seguridad jurídica, sino las necesidades de los administrados ya que la Justicia no va a estar en condiciones de brindar el servicio que los ciudadanos se merecen".
Luego realiza una síntesis de lo que fueron los tira y afloja con el Poder Ejecutivo: "El Poder Judicial ha sufrido recorte de su índice presupuestario; quitas en los presupuestos elevados por la Corte y la atomización de su fondo anticrisis; todo ello para poder domesticarla a través del ruego de ampliación de partidas. Se ha bajado el presupuesto del Poder Judicial como una perversa técnica de restarle los fondos necesarios para hacerla depender del giro de partidas extra que no hubiera precisado de haberse respetado el presupuesto elevado. Se trata de una práctica política que este Poder debe repeler y neutralizar las consecuencias".
En segundo lugar plantea que "dado que las previsiones presupuestarias para el funcionamiento del Poder Judicial han sido realizadas considerando las necesidades físicas y financieras de los tribunales y demás organismos que lo componen, nos encontramos ante el irrenunciable deber de defender el presupuesto del Poder Judicial y esta Corte debe fijar su presupuesto sin aceptar el establecimiento de techos o pautas que perturben una adecuada administración de justicia".
En tercer lugar, cuestiona el índice que toma como referencia el Poder Ejecutivo y abre la puerta a la posibilidad de plantear un conflicto de poderes.
"El rebrote inflacionario produce un agudo desequilibrio que resulta necesario resolver por lo que se ha proyectado un presupuesto con parámetros que garanticen el eficiente servicio de justicia y resguarde la manda constitucional de intangibilidad salarial, que es preciso defender incluso con el planteo de un conflicto de poderes en tanto no es viable proyectar un presupuesto con una pauta de variación de precios al consumidor del 69,5% cuando la inflación de octubre ascendió a 8,3%, y en lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor avanzó 120% en la Nación y un 123,2% en el NOA", añadió.
En definitiva, Cáceres les pide a sus pares que arbitren todos los remedios legales y políticos para una correcta administración de justicia. "Además, con qué cara podríamos mirar a nuestros empleados y magistrados si no somos capaces de proteger los recursos necesarios para poder desarrollar con suficiencia la tarea encomendada. Esto nos ubica en la posición de ejercer todas las facultades y cumplir con el ineludible deber o pasar a ser un no poder, una simple caricatura del mismo o una mala copia de éste", concluyó.
