El bloque Convicción Federal del Senado presentó un proyecto para dar independencia financiera al organismo.
Ante la intención del gobierno de Javier Milei de intervenir la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el bloque de senadores peronistas “Convicción Federal”, conformado por el catamarqueño Guillermo Andrada, busca proteger la independencia técnica del organismo mediante un proyecto de ley.
La iniciativa, que lleva las firmas de Andrada, la jujeña Carolina Moisés y la tucumana Sandra Mendoza, apunta a terminar con la dependencia directa que hoy tiene la oficina respecto de las Secretarías Administrativas de las Cámaras.
El conflicto entre el oficialismo y la OPC se hizo visible por una discusión con relación a iniciativas vinculadas a las jubilaciones y la ley de discapacidad. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advertía que los proyectos impulsados por la oposición tendrían un costo de hasta US$12.000 millones, equivalentes al 1,8% del PBI, los cálculos de la OPC arrojaron cifras considerablemente menores.
A raíz de esto, La Libertad Avanza apuró la intervención del organismo técnico con la firma de una resolución dictada en la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP), para incrementar el control político sobre el funcionamiento de la OPC y prohibir que las áreas técnicas elaboren informes extraordinarios sin autorización previa de la comisión.
En efecto, el bloque de los senadores peronistas propone que la OPC tenga su propia estructura técnica con un piso de financiamiento del “1% del presupuesto anual de gastos y recursos de la administración pública nacional asignado a cada Cámara”. En sus fundamentos, el proyecto toma como parámetro el 2% asignado a la Congressional Budget Office (CBO) de ambas Cámaras de los Estados Unidos (modelo que se tomó como referencia en 2016 al crearse la Oficina argentina).
En caso de que el Ejecutivo Nacional (PEN) establezca reducciones en dicho porcentaje, el proyecto propone que el propio PEN deberá encargarse de girar los fondos de manera directa a la OPC.
El proyecto incluye el otorgarle a un Director General la potestad para designar personal y gestionar recursos sin tener que pasar por el filtro de los presidentes de las Cámaras. Además, detalla un capítulo de control que sumaría “mecanismos de transparencia activa, evaluaciones externas periódicas, informes de gestión, publicidad de metodologías y otras más para prevenir conflictos de intereses”. También se propone que la presidencia de la OPC rote cada dos años entre los titulares de las comisiones de Presupuesto de Diputados y del Senado.
Otro cambio que se plantea es la democratización de los informes. Con la reforma, el presidente de cualquiera de las comisiones legislativas podrá pedirle a la OPC datos sobre el impacto fiscal de los proyectos que tenga en agenda, un privilegio actual de las comisiones de Presupuesto y Hacienda.
En los fundamentos de la iniciativa los legisladores blanquean que, a casi diez años de su creación y después de tres concursos públicos, todavía no permitió completar el cupo de analistas profesionales por las "rigideces" de la norma vigente.
Para terminar con esta estructura burocrática, la reforma dispone que la OPC cuente con un tope estricto de 20 profesionales especializados en las respectivas temáticas y que a su vez deberán formar parte de la planta permanente del Congreso.
Según explican los senadores, todas estas modificaciones buscan poner a la OPC a la altura de las exigencias que marca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para las Instituciones Fiscales Independientes (IFIs): apuntan a proteger al organismo con reglas marcadas para que los informes y auditorías no queden atados a la política de turno.