Braian Galván, sospechado de haber redactado mensajes intimidatorios a los fiscales Paola González Pinto y Augusto Barros y a una testigo, tras la condena para el clan Barros por el crimen de Marcelino Pachado, ayer fue indagado. La fiscal de Instrucción de Primera Nominación del Distrito Sur, Yésica Miranda, imputó a Galván por “amenazas simples”. Galván fue asistido por el defensor Penal Oficial de Sexta Nominación, Estanislao Reinoso Gandini.
Ayer se llevó a cabo la indagatoria. En la ocasión, el acusado se mantuvo en silencio. Luego, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la planilla de antecedentes para avanzar en el proceso.
Fuentes judiciales indicaron que Galván había sido detenido el viernes pasado, en el marco de una actuación de oficio dispuesta por la fiscal tras las amenazas difundidas en redes sociales. En la causa se ordenó el resguardo de la cuenta desde la que se emitieron los mensajes y el secuestro de teléfonos celulares vinculados a la investigación. Las medidas adoptadas tienen como finalidad garantizar la seguridad de los actores judiciales y testigos, preservando su integridad y reafirmando la aplicación de la ley frente a cualquier conducta de amedrentamiento.
El mensaje se publicó en los comentarios de un posteo con la noticia sobre las condenas para el clan Barros, por el crimen de Marcelino Pachado. Un jurado popular los declaró culpables por el delito de "homicidio agravado por alevosía". El viernes se llevó a cabo la audiencia de cesura de pena. Barros padre y uno de sus hijos fueron condenados a prisión perpetua. Sus otros dos hijos deben cumplir penas menores.
Al respecto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca puso en manifiesto su "más enérgico repudio" y "preocupación" frente a las amenazas recibidas por los fiscales Barros y González Pinto. "La institución considera inadmisible que quienes ejercen la labor de representar a la sociedad en los procesos judiciales sean objeto de actos intimidatorios, más aún cuando tales hechos surgen únicamente como consecuencia de haber solicitado la aplicación de la ley, en estricto cumplimiento de su deber", se manifestó a través de un comunicado.
A la vez, la institución expresó su "solidario acompañamiento" para con los dos fiscales. "Ninguna amenaza ni acto de violencia puede condicionar la independencia ni el compromiso de los operadores judiciales. La institución reitera su compromiso con la defensa de la legalidad, la independencia judicial y el respeto por el Estado de Derecho, pilares fundamentales de la convivencia democrática", se expresó.
