Con la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, el Poder Ejecutivo envió una numerosa serie de decretos acuerdos que requieren su aprobación por parte de ambas cámaras. Unos once instrumentos legislativos conforman esta "batería" de normativas que deben pasar por comisiones para su análisis y despacho, antes de ser sometidos a voto en el recinto.
Además de los ya conocidos y polémicos acuerdos relacionados con la designación de Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo y la modificación en la ley que establece el proceso de selección del cargo, se enviaron otras medidas de gran impacto.
Uno de los decretos girados, modifica el Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial, introduciendo cambios en el régimen disciplinario y en la administración de sumarios. Entre los aspectos más importantes, se destaca la incorporación de un nuevo deber para el personal, estableciendo la obligación de evacuar informes, remitir documentación y realizar pericias en plazo determinado.
Además, se amplían las causales de exoneración, incluyendo ahora delitos contra empresas y sociedades del Estado provincial, además de la Administración Pública central. También se modifica la autoridad que ordena los sumarios, pasando de los titulares de cada cartera a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, con plazos y procedimientos específicos para garantizar mayor control y transparencia.
Por otra parte, se encuentra un decreto que impulsa la bancarización y la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en los municipios. Este instrumento obliga a los gobiernos locales a realizar todas sus transacciones —pagos a proveedores, empleados, beneficiarios de subsidios y percepción de ingresos— a través de bancos y entidades autorizadas por el Banco Central. Desde el gobierno aseguran que la medida apunta a fortalecer la trazabilidad de los fondos públicos, reducir riesgos y mejorar la transparencia en la gestión municipal. Además, se establece la implementación obligatoria del sistema GDE en las administraciones comunales, con excepciones sujetas a informes técnicos y consideraciones de conectividad.
En último lugar, también fue enviado un decreto de creación del Programa de Educación Financiera y Economía Digital en la provincia. Que promueve la inclusión financiera, el uso responsable de las herramientas digitales y la educación sobre blockchain y criptoactivos. El programa estará bajo la órbita del Ministerio de Educación, que tendrá que diseñar un plan estratégico con etapas, contenidos mínimos y estrategias pedagógicas para incorporar estos temas en el sistema educativo formal.
