Altos funcionarios del Gobierno accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos extraordinarios.
El diario Clarín reveló que al menos 40 políticos y altos funcionarios del Gobierno accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos extraordinarios, en algunos casos de hasta 340.000 dólares, con tasas preferenciales y en condiciones que no están disponibles para la mayoría de los ciudadanos.
Según la investigación, los beneficiados habrían utilizado sus cargos y contactos para “saltarse varios lugares en la lista de espera” y obtener préstamos que, en promedio, rondan el cuarto de millón de dólares.
La normativa que habilitó esta situación fue la Resolución 802, modificada en septiembre de 2024 por el entonces presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y su vice, Darío Wasserman.
En el apartado de “Condiciones Generales”, se agregó un párrafo que permitía que “funcionarios del Gobierno y políticos” pudieran acceder a los créditos hipotecarios. Allí se establecía textualmente: “Así mismo se incluyen a las (personas) que perciban ingresos del Sector Público no incluidos en las actividades habituales, como por ejemplo (...) cargos políticos designados por resolución o electivos”.
Entre los beneficiados se encontraban legisladores como Anabel Fernández Sagasti y Julia Strada, además de funcionarios del Ministerio de Economía.
Muchos de ellos destinaron los préstamos a segundas o terceras viviendas, incluso en countries y barrios cerrados.
La polémica se intensificó cuando, en enero de 2026, ya bajo la presidencia de Darío Wasserman en el Banco Nación, se emitió la Circular N° 0092/2026, que eliminó el párrafo que habilitaba a los políticos a acceder a los créditos. Según fuentes citadas, los propios beneficiados habían pedido en 2024 que se incluyera la aclaratoria para “evitar quedar pegados con algo que sin dudas iba a generar ruido e indignación”.
El presidente Javier Milei también se refirió al tema, aunque con fastidio. “Nosotros hemos definido nuestros valores morales y estos (los créditos) no tienen nada de ilegal porque los funcionarios no mataron, no violaron la libertad de expresión y no afectaron el derecho a la propiedad”, declaró en una entrevista con la TV Pública.
La investigación expone que, aunque no se configuró un delito, el escándalo golpeó al Banco Nación.
