Finalmente, el diputado Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) consiguió las firmas necesarias para pedir una sesión especial para tratar su proyecto que crea una Comisión Especial de seguimiento a la causa de la "banda de los usurpadores".
En total, el legislador consiguió 14 firmas para solicitar la sesión especial, el número exacto que requiere el reglamento interno para pedir este tipo de plenarios especiales. Lo consiguió con el acompañamiento del bloque de la UCR, de La Libertad Avanza y del MID. El PRO no acompañó el pedido.
Ahora, la presidenta de la Cámara, Paola Fedeli, tiene 10 días para pronunciarse sobre el pedido.
Trascendió que en las filas del oficialismo se analizó el pedido de Ávila y los pasos a seguir que debería tomar la titular de la Cámara. En ese sentido, recordaron que hay dos antecedentes cercanos de pedidos de sesiones especiales que fueron rechazados a pesar de tener las 14 firmas necesarias. Esos pedidos de sesiones fueron rechazados cuando Cecilia Guerrero era presidenta con el fundamento de que no se puede convocar a plenarios especiales fuera de las sesiones ordinarias o extraordinarias previstas en la Constitución provincial.
El Bloque de diputados de la UCR, emitió un documento donde se expresó con relación a la iniciativa de Ávila.
En ese sentido, los legisladores radicales manifestaron su "preocupación" ante el “alarmante y escandaloso circuito de funcionarios del Estado, que se ha convertido en una red mafiosa que ha movido sus piezas con total impunidad a través de organismos públicos y privados, violando de manera intolerable los principios del Estado de derecho”.
“La inseguridad jurídica generada por tales prácticas está corroendo la confianza de la ciudadanía”, indicaron, para luego agregar que la provincia está atravesando “una crisis reputacional sin precedentes en la historia de las instituciones en Catamarca, donde la complicidad judicial, política y policial ha permitido que operen con una impunidad alarmante”.
Ante esta situación, los diputados boinablanca manifestaron que “en un verdadero sistema democrático, la separación de poderes es un principio fundamental".
"Desde nuestro bloque, hemos defendido la independencia del Poder Judicial. Aunque hay situaciones graves que deben investigarse y que seguiremos de cerca, sin interferir en las atribuciones propias del Poder Judicial”, dijeron. “Lo que corresponde como oposición es denunciar políticamente los hechos, pedir los informes que hagan falta y si se comprueba responsabilidad funcional, activar los mecanismos constitucionales previstos, como el juicio político o la remoción por mal desempeño”, añadieron.
Por último, expresaron que “la gravedad institucional de los hechos investigados por estafas y asociación ilícita exige una postura que el gobierno provincial ha elegido callar o, la complicidad”.
