Las imágenes difundidas desde un bar del barrio de Ipanema, en Río de Janeiro, Brasil, no admiten atenuantes ni tampoco lecturas complacientes. La abogada e influencer santiagueña Agostina Páez fue registrada realizando gestos racistas -imitando a un mono- dirigidos a empleados de un bar. No se trató de una broma desafortunada sino una conducta consciente, ofensiva y cargada de sentido, que expone una forma de discriminación extendida en la sociedad argentina y en muchas partes del mundo.
El episodio no es aislado. Desde hace años se repiten denuncias contra turistas argentinos por tratos vejatorios hacia personas de otros países latinoamericanos. Subyace en esos comportamientos una presunta superioridad cultural que algunos se permiten ejercer en contextos donde creen no tener consecuencias. Una arrogancia selectiva que, vale subrayarlo, suele desaparecer cuando los destinos son europeos o norteamericanos.
En Brasil, a diferencia de lo que ocurre habitualmente en la Argentina, los delitos vinculados a actos discriminatorios son abordados con rigor. La retención del pasaporte y la colocación de una tobillera electrónica no fueron medidas desproporcionadas ni un castigo ejemplificador improvisado, sino la aplicación estricta de la legislación vigente. Las protestas de la abogada-influencer, presentándose como víctima de un sistema excesivo, no admiten que las autoridades actuaron conforme a derecho.
El problema, sin embargo, trasciende largamente este caso puntual. La Argentina atraviesa un tiempo en el que la discriminación -racial, social, cultural, de género, religiosa- se ha vuelto una presencia cotidiana. A veces se manifiesta de manera brutal; otras, bajo formas más sutiles pero igualmente dañinas. En demasiadas ocasiones, ese clima es alimentado o legitimado desde el poder político, que con discursos simplificadores, estigmatizantes o abiertamente agresivos contribuye a naturalizar la exclusión y el desprecio.
En el caso de lo ocurrido en el bar de Ipanema, las disculpas posteriores de la protagonista del hecho resultan ciertamente insuficientes. No porque el pedido de perdón carezca de valor, sino porque el daño producido es individual pero también social.
Este episodio debería servir como disparador para una reflexión más profunda y, sobre todo, para acciones concretas. Es imprescindible impulsar campañas de concientización sostenidas que apunten a erradicar prácticas discriminatorias arraigadas. Un desafío que involucra al Estado, a los medios, a las instituciones y, de manera central, a la escuela, donde se forman las primeras nociones de convivencia, respeto y ciudadanía.
Construir una cultura de la paz, la tolerancia y el diálogo es una necesidad democrática. Porque cuando el racismo y la discriminación se relativizan, dejan de ser un problema individual para convertirse en una falla estructural de la sociedad.
