Durante la primera jornada del juicio de "los cuadernos de las coimas", la expresidenta Cristina Kirchner escuchó durante cuatro horas la lectura del requerimiento de elevación a juicio. En el transcurso de esa primera audiencia, el tribunal dio detalles de las 40 coimas que recibió de un total de 204 que se le atribuyen. Ese primer tramo expone que llevaron al departamento de Uruguay y Juncal más de 10,4 millones de dólares.
Según determinó la Justicia federal, durante doce años hubo un aceitado mecanismo que permitió a un grupo de funcionarios que integraban el Ministerio de Planificación Federal recaudar fondos ilegales que eran direccionados a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.
Cuando concluyó la etapa de instrucción, el fiscal Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio de la investigación que se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública.
Así, solicitó que la expresidenta Cristina Kirchner fuera a juicio como jefa de una asociación ilícita que funcionó en el seno del gobierno, entre 2003 y 2015. Además, le imputó ser coautora, en 204 oportunidades, y partícipe necesaria -en una- del delito de cohecho pasivo.
En base a las pruebas que conformaron el expediente, se estableció “la existencia de un sistema de recaudación de dinero desplegado en su mayoría por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación que decidieron ceder su voluntad personal y conformar una general, para establecer acuerdos con importantes empresarios de compañías nacionales e internacionales, por medio de los cuales obtenían beneficios recíprocos”.
En este marco, se señaló que los líderes y organizadores de esa estructura “paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”.
Existió un sistema “ilegal de recaudación” con dos canales que funcionaban de manera independiente, aunque complementarios y funcionales entre sí.
Por un lado, había una “vertiente directa en la que no había ningún tipo de intermediario, puesto que eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios” y se comunicaban directamente con ellos.
