Por este abuso, una niña de 13 años quedó embarazada pero se pudo interrumpir el embarazo.
El juez de Control de Garantías de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, confirmó la prisión preventiva a un hombre acusado por un delito contra la integridad sexual. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, la víctima, una niña de 13 años, resultó embarazada y se efectuó una interrupción legal del embarazo (ILE).
El fiscal de Tinogasta Jorge Barros Risatti había imputado al hombre por “abuso sexual simple” y “abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud mental de la víctima”. Desde finales de enero, se encuentra privado de la libertad.
Según se indicó, se trata de un abuso sexual en la infancia (ASI) intrafamiliar. El ultraje salió a luz cuando la niña comentó a sus padres que no se sentía bien. A la vez, sus padres notaron en ella algunos cambios. Decidieron llevarla a un control médico y se confirmó que cursaba un embarazo. Ante esta situación, la chica relató lo que había sucedido; sus padres, tras escucharla detenidamente, le creyeron y realizaron la denuncia penal correspondiente.
El acusado habría aprovechado la ausencia de los padres de la chica por un período de tiempo, para consumar los ultrajes. Tras confirmarse que la chica cursaba un embarazo, se le informó a ella y a sus padres sobre la normativa vigente con relación a la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de abuso sexual. Dada la situación, se procedió a la práctica médica. En paralelo, mediante estudios de compatibilidad genética, se comprobó que el perfil del acusado coincidía con el del embrión y se avanzó en las medidas judiciales.
Con base a los elementos de pruebas reunidos, el fiscal pudo determinar la imputación. El acusado fue detenido en los últimos días de enero, durante la feria judicial.
En Catamarca, en 2015, se aplicó con la Maternidad Provincial 25 de Mayo, uno de los centros de salud de referencia de la provincia, el Protocolo de Aborto No Punible del Ministerio de Salud de la Nación con causales. En 2017, se terminó de formar el equipo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Dos años después, en 2019, hubo 450 consultas para la práctica de abortos con causales. Con el protocolo ILE se atendieron a 233 pacientes. De estas prácticas ILE, en ese tiempo, seis fueron por abusos sexuales o violaciones.
En 2020, hubo 600 consultas y se asistieron a 321 personas. En diciembre último, se sancionó la Ley Nacional 27.610 de Interrupción Legal del Embarazo (IVE). Entre enero y mayo de 2021, se efectuaron 213 abortos legales.
A principios de 2012, el fallo FAL de la Corte Suprema de la Nación sentó jurisprudencia. Se permitió la interrupción de embarazos en casos de violación sin judicializar; es decir, no se debía pedir permiso a la Justicia. Por entonces, el Código Penal Argentino establecía que se permitía el aborto a aquella mujer que tiene problemas de riesgo de salud o que es “discapacitada” o “demente” (sic) –el Código Penal Argentino data de 1921 y este artículo fue modificado en 2020, con la Ley Nacional 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)-.
