La familia de Ricardo Artemio Peñaflor -el pequeño productor catamarqueño asesinado de un tiro en la cabeza e incinerado dentro de su camioneta en Recreo, provincia de Santiago del Estero-, espera que la Cámara de Apelación y Control - Tribunal de Alzada santiagueño resuelva los planteos realizados contra el fallo que condenó solo a dos de los cinco imputados por el crimen.
Fuentes judiciales explicaron que la Justicia santiagueña continúa en feria y que la semana que viene retomará las actividades habituales.
Peñaflor fue asesinado el 6 de agosto de 2019 en la localidad de Chañar Laguna, departamento catamarqueño El Alto, en el límite con Santiago del Estero.
El jueves 8 de agosto efectivos policiales y familiares de Peñaflor hallaron su camioneta en un paraje ubicado al norte de Frías, sobre el antiguo trazado de la ruta 157, a 10 kilómetros de esa ciudad santiagueña. En la caja había restos carbonizados del cuerpo del pequeño productor agropecuario. Según la autopsia, fue asesinado de un disparo en la cabeza y luego incinerado.
Tras una serie de dilaciones por trámites judiciales y las restricciones por la pandemia de COVID, la causa fue a juicio con cinco personas, Saúl Jerez (76), el expolicía Lindor Alfredo Rodríguez y su esposa -docente Claudia Viviana Pereyra (53)-, y los hermanos Jesús Osmar Pinto (49) y Daniel Ramón Pinto (40). Todos llegaron a debate imputados por “homicidio agravado”. Jerez, por graves problemas de salud quedó detenido con prisión domiciliaria. Meses después delató a los otros cuatro y posteriormente su estado de salud empeoró al extremo de que una junta médica determinó que debía ser excluido del juicio en su contra hasta tanto su condición mejore.
A fines de febrero de este año, el Tribunal Oral, integrado por Luis Achával, Graciela Viaña de Avendaño y Julio Carmelo Vidal, condenó por "homicidio simple" al exsuboficial inspector de la Policía, Lindor Alfredo Rodríguez (54), a 18 años de prisión.
Pereyra (53) fue sentenciada a ocho años de prisión como "partícipe secundaria de homicidio simple".
Los hermanos Jesús Osmar Pinto (50) y Daniel Ramón Pinto (38) fueron absueltos por falta de pruebas y puestos en libertad tras la lectura del veredicto.
Para todos, los fiscales Gustavo Montenegro y Alfonso Arce habían solicitado prisión perpetua, en coincidencia con la querella, a cargo de Abel Mauas.
El fallo fue duramente cuestionado por Mauas y el Ministerio Público Fiscal. Como la querella tiene una actuación limitada debido a lo establecido en el Código de Procedimiento, acompañó el recurso de alzada interpuesto por Montenegro y Arce.
Paralelamente, las defensas de los dos condenados presentaron sus recursos.
El 4 de abril, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) hizo lugar a los recursos solicitados por los fiscales y las defensas, y el expediente pasó a otra oficina, la de Gestión de Audiencias del Tribunal de Alzada en lo Penal. Desde entonces se espera que se realice una audiencia -que podría extenderse por varios días-, para que las partes expongan sus argumentos y fundamentos. Hasta antes de la feria judicial continuaban las audiencias virtuales.