Con perspectiva de género

Nuevo norte judicial

La Justicia catamarqueña sentó precedentes innovadores con eje en los derechos de las mujeres víctimas de delitos.
domingo, 29 de noviembre de 2020 · 01:01

En los últimos meses, al son de flamantes leyes con perspectiva de género, los tribunales catamarqueños emitieron sentencias novedosas, que sientan precedentes. De esta manera, las temáticas de género y de abordaje de personas víctimas comienzan a filtrarse por los expedientes, generando nuevas prácticasy dejando importantes huellas, para que los operadores del sistema sigan sus pasos. Tras haberse conmemorado el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, Revista Express recopiló los casos judiciales.

No revictimizarás
En septiembre último, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil emitió una sentencia con eje en la Ley Nacional 27.372 de Derechos de Personas Víctimas de Delitos. El juez Penal Juvenil Fabricio Gershani Quesada resolvió, tras un planteo de nulidad en una causa por abuso sexual, que la víctima y querellante, declare en Cámara Gesell. El magistrado,en su fundamentación, valoró lo dispuesto por la Ley de Víctimas y puntualizó lo dispuesto por el artículo 5 inciso B sobre “recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento”.A su criterio, se deben arbitrar los medios necesarios para evitar la revictimización.
“Reitero que entiendo que esta modalidad no está prevista, pero ello no puede ser óbice para que usemos un sistema anacrónico en el cual una persona debe contar delante del fiscal, el secretario y el escribiente, los tres abogados defensores y su propia abogada e incluso su madre, como fue ultrajada o supuestamente abusada. Eso sí es revictimizar, y si tenemos en cuenta que, de existir un juicio, volverá a pasar por el mismo proceso, esto resulta insoportable, y la falta de medios o recursos del estado no pueden ser excusa para semejante barbaridad”.

“No es no”
En otra causa por abuso sexual, el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito indicó que es de suma importancia destacar que el rol de la víctima en el proceso penal actual ha avanzado considerablemente en los últimos tiempos e, incluso, “nuestra propia legislación provincial de especialidad (Ley 5.544) le da a la víctima un carácter esencial en el procedimiento de responsabilidad penal juvenil”.
En este caso, había dos adolescentes involucrados. Ella era la víctima y él, el victimario. El ultraje ocurrió en diciembre del año pasado, en una localidad del interior catamarqueño. El trasfondo del abuso fue la falta de Educación Sexual. Los adolescentes se conocieron una noche, en una fiesta de egresados. Se fueron a un lugar para estar solos; se abrazaron, se besaron, pero ella dijo que “no”. Él no hizo caso y abusó de ella. La chica denunció de inmediato y en nueve meses se realizó el debate, en esa comunidad. Para ello, se conformó la Cámara de Sentencia Penal Juvenil con los jueces Rodrigo Morabito, Fabricio Gershani Quesada y Corina Pérez. El joven fue hallado culpable en el delito de “abuso sexual con acceso carnal” y condenado a cuatro años y tres meses de prisión.
En este caso de abuso sexual, la asesora de Menores Estella María Torrado señaló que esta víctima es una adolescente y, además, es mujer. “Tengamos en cuenta la Ley 5.434 de Violencia de Género porque esta niña es menor de edad y es mujer”, sostuvo.
En los fundamentos, se destacó que la violencia sexual hacia las niñas y las adolescentes tiene origen en la violencia de género, en la desigualdad de poder históricamente existente entre hombres y mujeres. Esto explica en parte porqué en los abusos sexuales la mayoría de los menores de edad abusados son niñas.
A la vez, se señaló que la violencia sexual constituye no solo una manifestación de violencia basada en género, sino que, además y específicamente cuando es dirigida contra la mujer refleja desigualdades de géneros y patrones socioculturales de discriminación que existen en una sociedad respecto de la mujer. “Por otra parte, la violencia sexual contra las mujeres, las niñas y las adolescentes es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres”, se remarcó.
Ante esta situación, el magistrado señaló que se deben cuestionar las relaciones de género para desnaturalizar las prácticas y las concepciones del ser varón, el ser mujer y todas las relaciones sociales, para pensar otros modos relacionales y de convivencia en la sociedad.
“Esta forma de violencia puede afectar por completo el proyecto de vida de una niña o adolescente, por lo que el Estado a través del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes deberá brindar el abordaje adecuado para el logro de un desarrollo de vida adecuado” de las niñas víctimas de abuso sexual.

Asistida
El juicio del jefe comunal de Puerta de Corral Quemado Enrique Aybar fue uno de los más trascendentes de este año. La joven denunciante pudo declarar en el debate acompañada y contenida por una psicóloga de la Oficina de Asistencia a la Víctima de Delitos. Se trata de un precedente en la instancia de debate, dado que esta Oficina suele acompañar durante las denuncias y no durante el proceso.
A fin de lograr esta contención, la denunciante –no es necesario que lo haga el abogado de la querella, en el caso que lo tuviera- debe escribir una nota dirigida al presidente del Tribunal, solicitando la presencia de un profesional de esta Oficina, a los efectos de acompañar y contener al momento de dar testimonio. Con este pedido de la denunciante –una de las partes en este proceso-, desde la presidencia del Tribunal se elabora los oficios correspondientes, a fin de que, al momento de la audiencia, la víctima pueda estar acompañada y contenida para declarar.
En este caso Aybar, la denunciante realizó un escrito dirigido al juez Jorge Palacios de la Cámara Penal de Tercera Nominación, que fue presentado, a través de correo electrónico y por escrito. El magistrado no se opuso y labró el oficio correspondiente, en el marco de la Ley de Víctimas.

A capacitarse
En septiembre último, el juez Correccional de Tercera Nominación Javier Herrera sentó un precedente con relación a la Ley Micaela. En un caso de violencia de género, tras escuchar el testimonio de la mujer víctima, ordenó, en su fundamentación, la capacitación del personal policial que debió haberla asistido oportunamente. La mujer había contado en audiencia de debate que acababade ser violentada por su pareja, en plena calle y, como pudo, llegó hasta la Comisaría Octava, pero, en principio fue ignorada y luego la trataron de “gordita”.
“Al llegar a la comisaría, fue ignorada por el personal policial, quienes se fueron en el móvil pese a ver la situación, haciéndose presente el acusado, el cual procuraba calmarla, victimizándose. Al ver que no lo lograba, se fue del lugar dejando el automóvil. Posteriormente regreso el móvil policial, y los policías atinaban a decirle ‘¿qué te paso gordita, de dónde venís?’”, indicó el magistrado en los fundamentos de la sentencia.
En este contexto, el juez consideró que este personal policial demostró una actitud de discriminación estructural hacia la mujer y, a la vez, de la falta de concientización en materia de violencia de género. Lejos de contener a la mujer víctima de un hecho de violencia, “optaron en un primer momento por retirarse del lugar, y a su regreso, utilizaron expresiones reñidas con la sensibilidad que la situación y la condición de mujer víctima de violencia requerían. Lo expuesto implica la necesidad de una mayor intensificación en la capacitación del personal policial en materia de violencia de género, respondiendo a la exigencia de capacitación de todos los agentes del Estado, de conformidad a la Ley Nacional 27.499 –conocida como Ley Micaela-”.
Además, el magistrado advirtió que se deben cumplir con las obligaciones previstas en la Convención de Belem Do Pará que implican instar a la modificación de este tipo de prácticas y procurar la reparación integral de la víctima de violencia de género. “En cuanto a la reparación integral, como bien es sabido, no solo abarca a la reparación económica, sino también la reparación simbólica, como forma de dignificar a la víctima y como recuerdo del contexto de violencia institucional que ha padecido, que el Estado se compromete a evitar en el futuro”, señaló.

Texto: Basi Velázquez
Ilustración: Anita la más Bonita

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