A finales de noviembre del año pasado, Miguel Ángel Contreras asumió -concurso mediante- como juez federal de la provincia de Catamarca. Dado que es, por el momento, el único magistrado en esta materia, tiene a su cargo varios fueros. Con una agenda laboral amplia, también se hace tiempo para disfrutar de sus pequeños grandes placeres cotidianos y de una charla con Revista Express.
En una entrevista, dio detalles sobre las características del Juzgado que tiene a su cargo, con toda la responsabilidad que ello implica. Actualmente, bajo su órbita se encuentran los fueros penal, civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, electoral, ejecución fiscal y de menores (con relación a delitos federales). Para el magistrado, el Juzgado Federal catamarqueño es “atípico” en su conformación, dado que tiene competencia universal, por lo que también merece una respuesta transformadora que se identifique con esa característica. “Actualmente, escuchamos palabras, conceptos e ideas sobre una reforma judicial que incluye a los tribunales típicamente constituidos pero que no se da una respuesta acabada o al menos no escuché cómo tendría que ser una reforma para que un tribunal multifuero como el nuestro pueda dar una respuesta acabada a toda la provincia de Catamarca porque es el único tribunal federal que existe en nuestra jurisdicción”, advirtió.
Al margen de estas reformas que son esperadas y serán bienvenidas, aclaró, se pone énfasis en una gestión interna basada pragmáticamente en decisiones con la interrelación de las partes, a fin de tratar concretar audiencias de conciliación, de atender los casos puntuales, de frenar el posible litigio prolongado a futuro, tomando un expediente testigo y resolverlo por si más adelante si ese mismo planteo se repite en otra situación. A la vez, se trata de ser eficaz en la economía de casos procesales y sobre todo concientizándose que a veces no importan tanto el cómo en la medida que se den oportunidades para que la gente se defienda sino el objetivo final: dar una respuesta pronto y adecuada a cada uno de los conflictos que se presentan.
RE: ¿A qué se llama delito federal?
“El delito federal abarca todo lo que tenga un delito nacional. Entendemos en todo lo que esté relacionado con organismos públicos de carácter nacional como la Universidad Nacional, Ministerio de Trabajo de la Nación o Banco Nación, los delitos que se puedan generar ahí y los conflictos de cualquier naturaleza que se puedan generar como en el ámbito civil o contencioso administrativo. La competencia federal es de excepción; en un principio, interviene la Justicia Provincial y luego cuando se trata de materia nacional, empieza a entender la Justicia Federal. A veces no es fácil de discernir y de plantean cuestiones de competencia para determinar; eso suele llevar a conflictos y a la elongación de estos. En lo particular tratamos de entender para que no haya mayores conflictos. Tratamos de avizorar que no genere un conflicto de competencias porque alarga el proceso”.
RE: ¿En qué casos está más abocado?
“Los casos más numerosos en estos momentos son las ejecuciones fiscales que están relacionado con la reparación histórica previsional. Se firman centenares por día. Aún hay que mejorar el sistema, tanto desde el Juzgado como desde ANSES pero se avanzó muchísimo con la firma digital. Con el tiempo, va a ir desapareciendo la conflictividad en ese campo. Lo mismo ocurre con las ejecuciones fiscales que son aquellas vinculadas con AFIP, Banco Nación y el Ministerio de Trabajo de la Nación. AFIP se lleva el 80 % de estos casos y por semana ingresan centenares de casos”.
RE: ¿Hay un trabajo coordinado con la Provincia?
“Con la Provincia existe un trabajo coordinado, básicamente, con los delitos federales. La Provincia colabora con relación a hechos de narcotráfico. Básicamente, en el orden del 80 %, nuestro trabajo está coordinado con la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, lo cual demuestra la buena coordinación, predisposición y la colaboración recíproca que existen entre las fuerzas federales y provinciales en este sentido. Esa ‘buena onda’ entre las fuerzas nos permite avanzar y esclarecer varios episodios con relación al narcotráfico”.
CHICOS EN CONFLICTO
En tiempos actuales, en los que el consumo problemático de determinadas sustancias entre adolescentes es una realidad que merece compromiso social, más aún para poner foco en la prevención y en la concientización, el magistrado remarcó que si bien el Juzgado Federal no tiene un trabajo relacionado con planificar la prevención o el control, la prevención depende de las políticas que la Provincia en materia de seguridad pueda implementar.
En ocasiones, hubo casos de chicos involucrados con la tenencia de estupefacientes. “Lo que sí hacemos es darles a estos chicos implicados un tratamiento especial. No está reglado pero en lo personal me involucro, veo de quién se trata. Me pongo a charlar con ellos para ver porqué cayeron en esas circunstancias penosas y tratar de darles una nueva oportunidad, más aún cuando se trata de chicos que recién cayeron en esta cuestión. Se les da una nueva oportunidad, haciéndoles ver cuáles son las consecuencias de todos estos episodios que son tan nocivos en la vida de ellos y de sus familiares. Una cosa es cuando los chicos están involucrados en los hechos delictivos pero a la familia le pesa toda esta circunstancia. Ellos siempre están en un segmento de discusión de cómo hacemos con la edad, con la punibilidad cuando en realidad se trata de ver el caso concreto, sean personas mayores o menores de edad. Hay personas mayores que ni saben lo que están haciendo. En estas cuestiones también deben primar la sensatez, el sentido común y las máximas experiencias para tratar cada caso particular. No se trata del castigo por el castigo mismo. Permanentemente estoy revisando los casos que tienen a chicos jóvenes (de entre 18 a 20 años), que dieron sus primeros pasos delictivos. Personalmente, estoy involucrado”, comento.
RESPONSABILIDAD
Con un análisis crítico sobre la lupa que suele estar sobre magistrados y funcionarios judiciales, Contreras consideró que se suele dejar en el Poder Judicial, como si estuviera en sus manos, la corrección de ciertos desvíos institucionales o delictivos. “Muchas veces me preguntan cómo va la lucha contra el narcotráfico o cómo va la lucha contra la corrupción. En realidad, nosotros trabajamos en una etapa posterior y no está en nuestras manos acabar con el narcotráfico; esa no es nuestra función. Para eso están los organismos de seguridad y las políticas que utilicen. Sí está en nuestras manos castigar al narcotraficante. Lo mismo ocurre con la corrupción existente y los hechos resonantes; se cree que todo lo que ocurra o no ocurra es como si fuera una permisibilidad que parte o debería ser controlada por el Poder Judicial. Como con el narcotráfico, nuestra función es tratar de castigar al corrupto. Esa es nuestra función primordial”, indicó.
Al mismo tiempo, comentó que también se suele criticar al Poder Judicial cuando hablan del ‘partido judicial’. El magistrado sostuvo que cada quien tiene su propia ideología política •sino seríamos una cosa y no personas pero nuestras decisiones, si hablamos de corrupción, seguramente tanto la concesión de la libertad o el encarcelamiento de una persona acusada por estos delitos va a tener una repercusión política. Los que pertenecemos al Poder Judicial pareciera que de cierto modo estamos en el limbo de todos estos problemas porque si se habla del despotismo del Poder Legislativo o del Ejecutivo, siempre es el Poder Legislativo el que corrige esos desvíos. Sin embargo, da la impresión que cuando se trata del propio Poder Judicial el que incurre en ese tipo de desvíos, no habría forma que exista algún poder para corregirlo”, opinó.
En este contexto, recordó a un profesor universitario que le dejó una enseñanza de vida. “Solía decir que cuando se habla en el Poder Judicial de la ciudadela para garantizar los derechos individuales de las personas se habla simplemente de un penúltimo poder. El último poder está dado precisamente por la autonomía, la esencia, la honestidad y por sobre todo la responsabilidad que tiene el juez. Cuando hay jueces autónomos y decentes, sin duda, no habrá derecho humano que pueda ser violado. Cuando se aplica la ley y hay un juez que la lleva a aplicar, cualquier derecho humano, sin necesidad de que haya oficinas u ONG, siempre va a estar garantizado mientras exista un juez que lo pueda garantizar”, expresó. n Fotos: Ariel Pacheco Texto: Basi Velázquez
