Señalan un bajo impacto de las desregulaciones de la gestión Milei
Especialistas advirtieron que las medidas con mayor impacto fueron las que afectaron puntos sensibles de la vida cotidiana, como la derogación de la ley de alquileres.
Federico Sturzenegger es el encargado de accionar la “deep motosierra” del presidente Javier Milei. El economista lidera desde su creación en julio de 2024 el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado con una tarea principal: reducir el gasto público, simplificar trámites y burocracia, y aumentar la eficiencia del Estado. En este contexto, el Gobierno nacional sancionó hasta septiembre de 2025 (último dato oficial disponible) 437 normas (considerando decretos, resoluciones y leyes) con el objetivo de modificar o eliminar más de 1.300 medidas anteriores.
De ese total, Chequeado y elDiarioAR analizaron 160 normas publicadas en el Boletín Oficial desde el 10 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de mayo de 2025, con el objetivo de establecer el impacto que estas políticas tuvieron en el ámbito económico y comercial, y en la vida cotidiana de los argentinos. La conclusión: 6 de cada 10 desregulaciones impulsadas por el gobierno de Milei tuvieron hasta el momento un impacto moderado o bajo, mientras que el 12% de las normas analizadas se encuentran frenadas por decisiones judiciales. El 28% de las iniciativas restantes fueron consideradas de alto impacto.
El resultado de esta investigación fue analizado y plasmado en una visualización en el marco del proyecto Data Journalism Visualization (DJV) Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Chequeado y elDiarioAR consultaron al área de prensa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y a la Secretaría de Comunicación y Prensa para esta investigación, pero no obtuvieron respuesta.
Una agenda desreguladora con énfasis en economía
Con base en las 160 normas analizadas se identificaron 7 grandes áreas sobre las que se operaron los cambios regulatorios. El principal rubro fue el de Economía y finanzas, que explicó el 27% del cuerpo analizado y engloba desregulaciones de comercio exterior (como la simplificación de trámites de importación) e impuestos (como la baja o eliminación de tributos)
Le siguieron Administración pública y reforma del Estado (22,5%); Transporte (18,5%); Energía y minería (8%); Salud (8%) y Trabajo y seguridad social (7%). Otros sectores (donde se incluyen normas vinculadas a ámbitos como turismo, editorial o derechos de autor), explicaron el 9% de las normas analizadas.
¿Cuál fue el impacto de las medidas?
Para medir el impacto de cada normativa, Chequeado y elDiarioAR utilizaron un criterio cualitativo con 4 niveles (alto, moderado, bajo y nulo), según el grado de alcance y la magnitud de los cambios que generó al interior de una actividad productiva o de la cotidianeidad de las personas. Para ello se basaron en el análisis de datos oficiales, de informes y de especialistas, y se tuvo en cuenta el tiempo de vigencia de cada medida.
Del total de medidas analizadas, el 38% de las normas tuvo un impacto moderado. Esto aplica a los casos en los que las reformas se implementaron de manera parcial y/o provocaron cambios acotados. Por ejemplo, el Decreto 959/24 eliminó los cargos hereditarios en el acceso a la administración pública. A partir de esa modificación, la Secretaría de Trabajo no homologará las convenciones colectivas de trabajo que mantengan este beneficio.
No obstante, esta práctica ocurre en un universo pequeño de organismos y empresas del Estado, como el Banco Central, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ANSES, la Aduana, el Banco Nación, YPF y Ferrocarriles Argentinos, que en conjunto explican el 17,5% del total de empleados estatales. El Gobierno no pudo precisar -en respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado- cuántos empleados de esas dependencias habían accedido al cargo por este beneficio.
Otros ejemplos de medidas de impacto moderado son: la autorización a las farmacias a exponer los medicamentos de venta libre en góndolas y la lista de precios actualizada –que tuvo una implementación parcial–, y el autodespacho de combustible en las estaciones de servicio, porque sólo YPF lo está aplicando y como prueba piloto.
Asimismo, el 22% de las normas tuvo un bajo impacto (alcance restringido y cambios mínimos), dado que se legisló sobre una práctica o asunto que antes del cambio ya estaba en desuso en el sector involucrado, y, por ende, la reforma no se puede dimensionar porque ya existía en la práctica. En estos supuestos, la desregulación cumplió una función de limpieza y de ordenamiento.
Es el caso de la modificación a la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal contenida en el DNU 70/2023. Allí se eliminó un artículo que establecía un límite máximo de $ 1.000 para las operaciones que podían realizarse en efectivo, un valor que había quedado obsoleto y en la práctica ya no se cumplía, según los expertos consultados. La derogación de Ley de Góndolas es otro ejemplo de desregulación de bajo impacto. El 12% de las normas analizadas tuvo un impacto nulo, dado que sus efectos fueron neutralizados por la Justicia o por otra norma posterior. Es el caso del capítulo laboral del DNU 70/2023, que fue declarado inconstitucional en sede judicial.
Finalmente, el 28% de las 160 normas analizadas fueron consideradas de alto impacto: fueron implementadas en su totalidad y provocaron cambios sustanciales que alteraron de manera fundamental la operatoria en una actividad en particular o grupo de personas.
Este es el caso del Decreto 1039/24, que anuló los préstamos a jubilados realizados por la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Según datos de la Jefatura de Gabinete, en 2024 (previo a la suspensión) se realizaron préstamos por más de $ 1 billón.
La mirada de los especialistas
El economista Miguel Braun, ex secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri, destacó en X que “el Gobierno registró más de 1.300 normas ajustadas y más de 9.600 artículos modificados en menos de 2 años. Eso es un shock regulatorio inédito”. Y agregó: “Milei está reescribiendo reglas formales e informales del juego económico a la vez”.
Por su parte, Juan Negri, director de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), destacó en diálogo con Chequeado: “La política de desregulación del gobierno combinó 3 pilares: la apertura de mercado, la eliminación de controles en general y la flexibilización de reglas”. Negri puntualizó que “las desregulaciones con mayor impacto fueron las que tocaron cuestiones más sensibles en la vida cotidiana, como la eliminación de la ley de alquileres”.
Según datos del Instituto de Estadísticas y Censos porteño, tras la derogación de esta norma, se produjo una caída del precio en términos reales de las locaciones inmobiliarias. En cambio, el INDEC registró subas por encima de la inflación. La diferencia se explica porque el organismo porteño releva los datos de publicación en portales inmobiliarios y el INDEC mide los precios efectivamente pagados por los inquilinos, cuyos contratos fueron confeccionados bajo las diferentes leyes aplicadas en los últimos años.
En tanto, Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, planteó a Chequeado: “Hubo aciertos visibles, como la desregulación de los alquileres, pero también errores como el permiso de libre movimiento de carne en todo el país, incluso en la Patagonia que es una región considerada libre de aftosa, lo que provocó que el Ministerio de Agricultura de Chile resolviera suspender por completo las importaciones de animales y productos de origen animal provenientes de esa región”.
¿Cómo se llevó a cabo el análisis?
Las 160 normas evaluadas en esta investigación fueron analizadas con el sustento de otros documentos públicos; bases de datos oficiales y sectoriales; y la revisión de artículos periodísticos. Para la definición del impacto de cada una de las medidas se consultó a unos 30 especialistas de diferentes áreas, y también se analizaron más de 20 respuestas a pedidos de acceso a la información pública o documentos oficiales para contextualizar los datos.
Con estos datos se evaluó el impacto de las medidas. Se consideró un impacto “Alto” a aquellas normas implementadas totalmente y que generaron cambios sustanciales; “Moderado”, a aquellas cuya implementación fue parcial y los cambios acotados; “Bajo”, para las que tuvieron poca implementación y provocaron cambios mínimos; y “Nulo” para las que no fueron implementadas, ya sea porque la Justicia suspendió sus efectos, u otra norma posterior las modificó o eliminó. Los datos e informaciones fueron sistematizados en una base de datos propia y pública, que permitió analizar el impacto de cada norma en sus respectivos sectores o en la comunidad en general.
