No hubo acuerdo en Fate y el Gobierno nacional convocó a una nueva reunión para marzo
La patronal pidió el desalojo de la planta ubicada en San Fernando y el gremio sostuvo que la compañía sigue en control de las instalaciones.
El Gobierno retomó este lunes las negociaciones para encausar las negociaciones por el cierre de FATE, sin lograr que las partes alcancen un acuerdo. Durante la segunda audiencia convocada por la secretaría de Trabajo, la empresa pidió el desalojo de la planta ubicada en San Fernando para verificar las máquinas y el gremio sostuvo que la compañía sigue en control de las instalaciones. Por tanto, se convocó a un nuevo encuentro el miércoles 4 de marzo.
"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informa que, habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes", informó la dependencia oficial.
La cita virtual encabezada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, arrancó a las 12.30 y se extendió hasta pasadas las 17. Participó el jefe de Relaciones Laborales de FATE, Santiago Ferri, y el líder del sindicato del neumático (SUTNA), Alejandro Crespo, en un clima de tensión luego de que la empresa anunciara su cierre el miércoles pasado, junto con 920 despidos.
En respuesta, los trabajadores ocuparon la principal fabricante de neumáticos del país y este miércoles volvieron a reclamar la continuidad de los empleos, mientras la empresa ratificó su plan de cerrar la planta en forma definitiva. "Solo ofrecen dar tareas una vez que revisen las máquinas sin personal en la fábrica, pero no dan seguridad de continuidad laboral", dijeron fuentes sindicales.
En este marco, la secretaría de Trabajo convocó a nueva audiencia para el día miércoles a las 11 a fin de continuar con las instancias de diálogo. "El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral", señaló el comunicado oficial.
Si bien el Gobierno dictó la conciliación obligatoria el miércoles pasado y ordenó retrotraer la situación, las autoridades afirman que cumplen un rol "absolutamente pasivo". A su vez, hay una disputa abierta con Axel Kicillof por la potestad del conflicto en la planta bonaerense: la Provincia también dictó el miércoles la conciliación obligatoria y la difundió en redes a la 1.19 pm, dos minutos después que Capital Humano.
La familia Madanes Quintanilla, dueña del grupo Aluar, bajó la persiana el miércoles pasado, alegando dificultades por la caída del consumo, la avalancha de importaciones chinas y la conflictividad con el sindicato conducido por la izquierda, que afirma que desde hace 14 meses no recibe un aumento salarial y que en los últimos días empezó a recibir telegramas masivos de despido.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió este lunes al cierre de FATE, previo al paro de la CGT en rechazo a la reforma laboral que la semana pasada aprobó Diputados y este viernes tratará el Senado. "Fue sugestivo, nosotros entendemos que detrás de eso hubo una complicidad con la vieja política", afirmó, y recordó que dicha empresa “tiene problemas hace quince o veinte años" por los paros sindicales. En pleno conflicto, el Gobierno decidió rechazar un pedido de Aluar, empresa que también es propiedad de Javier Madanes Quintanilla, para extender una medida antidumping para la importación de aluminio chino.
A través de la Resolución 172/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía decidió no renovar y dar por terminado el derecho anti dumping que estaba vigente desde 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, sobre las importaciones de un tipo específico de hojas de aluminio provenientes de China. Este derecho antidumping consistía en un arancel extra del 28% a esas importaciones, creado para proteger a la industria local frente a productos que entraban al país a precios considerados “injustamente bajos”.