Morabito: "Bajar la edad de punibilidad no es una política valiente; es una política fácil"

Me dirijo a usted con el respeto que merece su investidura y con la convicción de que el debate público, especialmente cuando involucra temas tan sensibles como la niñez, la violencia y el sistema penal, exige rigor intelectual, honestidad argumentativa y responsabilidad democrática.

He leído con atención sus declaraciones en las que califica mi postura contraria a la baja de la edad de punibilidad como parte de un supuesto “arco progre” que pretendería que “todo siga igual”. Permítame decirle, con claridad y sin estridencias, que esa caracterización no solo es incorrecta, sino que empobrece un debate que la sociedad merece dar con mayor seriedad.

No escribo -ni escribí- para justificar delitos. Tampoco sostuve jamás que los adolescentes “no sean responsables de nada”. Atribuirme esa tesis no es una interpretación: es una simplificación que desfigura deliberadamente el planteo para hacerlo más fácil de atacar. Lo que sostengo, y lo hago desde el derecho vigente, es que la responsabilidad penal juvenil no puede ni debe equipararse mecánicamente a la del adulto, porque el desarrollo psíquico, emocional y social de un adolescente no es el mismo. Esto no es ideología. Es Constitución Nacional, es Convención sobre los Derechos del Niño, es jurisprudencia obligatoria.

Usted afirma que los contextos de exclusión “condicionan pero no determinan” las conductas delictivas. En eso coincidimos. Pero esa afirmación, por sí sola, no conduce a ninguna conclusión válida sobre la baja de la edad de punibilidad. Nadie sostiene que la pobreza determine inexorablemente el delito. La pregunta relevante -la única que debería guiar una política criminal seria-es otra: ¿bajar la edad de punibilidad reduce la violencia y el delito grave adolescente? Hasta hoy, no existe evidencia empírica ni experiencia comparada que respalde esa afirmación.

En sus declaraciones enumera con razón múltiples fracasos estructurales del Estado: pobreza, narcotráfico, deterioro educativo, fragmentación social. Coincido en el diagnóstico. Lo que no explica -y este es el punto central- es cómo la baja de la edad de punibilidad contribuye a revertir alguno de esos problemas. No se explica cómo mejora la educación, cómo combate el narcotráfico, cómo previene homicidios ni cómo repara a las víctimas. El castigo aparece así no como una solución, sino como un gesto simbólico frente a la impotencia estatal.

Calificar mi postura como defensa del “status quo” también merece una aclaración. Respetar garantías constitucionales y estándares internacionales no es inmovilismo. Es el piso mínimo del Estado de Derecho. El verdadero status quo es seguir utilizando el derecho penal como sustituto de políticas públicas, una práctica que se repite desde hace décadas con resultados conocidos y desalentadores.

Finalmente, me permito una reflexión sobre el uso del término “progre” como descalificación. Reducir una discusión compleja a una etiqueta identitaria no fortalece el debate democrático; lo degrada. Las políticas penales no se evalúan por el rótulo ideológico de quien las critica, sino por su eficacia real y su compatibilidad con el orden constitucional.

No es progresismo advertir que el castigo temprano aumenta la reincidencia. No es progresismo señalar que el encierro precoz produce más violencia. No es progresismo recordar que la seguridad no se construye debilitando derechos, sino fortaleciendo al Estado en sus funciones esenciales.

Bajar la edad de punibilidad no es una política valiente. Es una política fácil. No enfrenta las causas del problema: administra sus consecuencias. Y cuando el Estado llega tarde con políticas de cuidado y temprano con castigo, no hay orden ni justicia, sino abandono institucional.

Ojalá este intercambio pueda darse en un plano más fértil: el de las ideas, los datos y la responsabilidad pública. La gravedad del tema lo exige.

Atentamente,

Rodrigo Morabito