Se trata de un ajuste del 40% en Salud y 38% en la ANSES. El recorte global es del 29% y alcanza a otras áreas sensibles de la administración pública.
El superávit fiscal que el ministro Luís Caputo asegura haber obtenido en enero se debe a que la motosierra de Javier Milei recortó un 29% el gasto público en el primer bimestre del año, con un ajuste significativo en el Ministerio de Salud o la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Así lo revela un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó el gasto por organismos públicos tomando cómo punto de partida el presupuesto del año 2023, sumando la inflación e indicando qué valor tendría esa partida si se hubiera mantenido constante: “El superávit se explicó en enero por la licuación y el ajuste, pero también por partidas que se dejaron sin pagar, entre ellas las transferencias a Cammesa. De hecho, eso explica prácticamente el ciento por ciento del superávit. Sí se hubiese pagado, no habría habido superávit”, explicó Hernán Letcher, titular del CEPA
“El problema que va a encontrar el ajuste es que tiene impacto sobre la recaudación. Por lo tanto cuando termine el proceso, la curva, lo que originalmente habían planteado de recorte fiscal; no va a resolver el universo del déficit como lo tenían previsto”, opinó Letcher.
El informe realizado por el CEPA constata un recorte del 29% en el gasto público en el primer bimestre del 2024 y con un impacto significativo en áreas a las que considera “sensibles”: “Paralelamente, se verificó una representación fuerte de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, que representó nada más y nada menos que el 30% del total de gastos devengados, y el 48% de lo pagado”.
También el recorte es fuerte en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en organismos vinculados a la educación, a la cultura y al sector productivo.
Al analizar el gasto de los organismos públicos, el CEPA detecta ajustes fuertes para el funcionamiento del Ministerio de Salud (-40%), la Superintendencia de Salud (-59%) y hospitales nacionales como el Posadas (-51%). La seguridad social también sobresale como uno de las áreas con recortes significativos. En el caso de la ANSES, el recorte llega al 38% respecto al año pasado.
“En relación con las áreas sensibles, llama particularmente la atención recortes en partidas que, en términos económicos, no resultan significativas en materia de déficit. En particular, en los programas vinculados al acceso a medicamentos para enfermos de VIH o recorte en el programa Conectar Igualdad”, graficó Letcher.
En otro pasaje, el informe señala que se observan caídas en las partidas, algunas a cero, para los principales programas sociales, incluyendo algunos críticos como los de atención a la niñez en situación de vulnerabilidad social (Programa 1.000 días y Plan Nacional de Apoyo a la Primera Infancia).
De igual manera también se detectaron ajustes de un 46% en el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales. En materia educativa fueron nulos los envíos para partidas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Programa Conectar Igualdad y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (ex Ministerio de Educación).
