sábado 13 de julio de 2024
El próximo 11 de julio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia sobre la represión a la protesta social

Analizará cómo empeoró la situación desde que asumió Javier Milei. Diputados de UxP preparan denuncia contra la ministra Bullrich después de haber sido gaseados por la Prefectura

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió convocar a una audiencia para analizar la situación de la protesta social y la libertad de expresión en la Argentina y el martes diputados de Unión por la Patria (UxP) –que fueron gaseados por la Prefectura Naval– presentarán una denuncia penal e informarán del ataque que fueron víctimas a organismos internacionales.

La CIDH abordará el tema en una audiencia que se hará en formato virtual el próximo 11 de julio. El organismo acogió favorablemente un pedido que habían presentado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y la CONADU junto con otras organizaciones de derechos humanos y gremiales.

La solicitud se envió a Washington el 15 de abril pasado. En su presentación, el CELS y el resto de las entidades señalaban que existe una grave situación de obstaculización, amenazas, ataques y criminalización de la protesta social y la libertad de expresión.

Después de la represión del miércoles –que terminó con 33 personas detenidas–, la Oficina del Presidente difundió su felicitación a las fuerzas de seguridad federales a cargo de Patricia Bullrich mientras calificaba de terroristas a los manifestantes. A pesar de sus rivalidades por el manejo del aparato securitario, la vicepresidenta Victoria Villarruel se plegó a la estrategia y actúa como querellante en la causa que tramita en el juzgado de María Servini.

Bullrich decidió salir a bloquear la calle en la primera semana del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). El 14 de diciembre anunció en conferencia de prensa que había firmado el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación. El protocolo se dictó tan solo dos días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció su plan económico –que, según quedaba claro incluso para el propio gobierno, no cerraba sin represión. A partir de esta disposición de Seguridad, advirtieron desde el CELS, “la protesta social deja de ser un derecho para pasar a ser un delito”.

El protocolo Bullrich derogó la resolución 210/11 que había firmado Nilda Garré en la que se establecía que el Estado aseguraba la protección de los manifestantes y de los trabajadores de prensa, que las fuerzas no podían usar armas de fuego y que los químicos irritantes –como los gases– solo podrían ser utilizados como último recurso. La resolución de Bullrich, además, estigmatiza a los migrantes, pretende evitar que haya niñas o niños en movilizaciones –incluso si están acompañados por sus padres o madres– y obliga a los manifestantes a resarcir al Estado por los gastos de los operativos. El viernes, de hecho, la ministra le hizo saber al fiscal Carlos Stornelli que el despliegue y la parafernalia del miércoles le había costado más de 130 millones de pesos.

El protocolo se puso en marcha, por primera vez, en las manifestaciones del 20 de diciembre del año pasado. En esa oportunidad, el gobierno, además, montó un operativo para conseguir denuncias contra los movimientos sociales. Catorce de ellos pasaron a engrosar un registro –creado por el protocolo– que reúne información sobre organizaciones que suelen cortar rutas o calles. Ese operativo dio pie a una denuncia penal que está en pleno trámite en los tribunales de Comodoro Py.

En la presentación ante la CIDH, se hizo especial énfasis en la represión que se perpetró entre fines de enero y los primeros días de febrero cuando el Congreso debatía la primera versión de la ley Bases. En esa oportunidad, las fuerzas fueron especialmente violentas contra los trabajadores de prensa. El abogado Matías Aufieri, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y asesor de los diputados del FIT-U, recibió un disparo de bala de goma que le hizo perder la visión en su ojo izquierdo. Cuando le dispararon, Aufieri estaba reuniendo información sobre los heridos.

Por el momento, el CELS y el resto de las organizaciones trabajan en el listado de quiénes serán las personas que expondrán para contar el modus operandi del gobierno de Milei en las protestas. La semana que pasó quedó en claro que la administración “libertaria” no solo pretende reprimir en las calles sino también criminalizar al actuar en tándem con el sistema de justicia. Stornelli –en sintonía con Bullrich– acusó a los detenidos de haber atentado contra el orden constitucional y pidió la prisión preventiva de los 33. Por el momento, 17 fueron liberados. Servini espera recibir nueva información el martes para volver a evaluar la situación de las 16 personas restantes –a quienes, en la mayoría de los casos, acusan de haber arrojado piedras o haber tenido una actitud «beligerante» contra los uniformados.

El diputado Leopoldo Moreau anunció que el martes radicaría una denuncia en los tribunales de Comodoro Py. Lo harán con el patrocinio del abogado Alejandro Rúa.

Todo indica que entre los denunciantes estarán los diputados que tuvieron que ser atendidos por los gases, como Castagneto, Carolina Yutrovic, Eduardo Valdés, Juan Manuel Pedrini, Luis Basterra y Lorena Pokoik. En el bloque hay una convicción: la Prefectura avanzó porque hubo una decisión política de Bullrich, que califica a legisladores opositores de delincuentes. Ni los diputados ni dos mujeres que pasaban por la zona estaban protagonizando hechos de violencia cuando los prefectos les descargaron los químicos directamente en sus rostros.

Para Bullrich, los diputados de UxP fueron parte de la “sedición”. Esa era la figura penal que el Ministerio de Seguridad pretendía impulsar cuando tenía pensado presentarse como querellante en la causa. En cuestión de minutos, Bullrich y su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, cambiaron de idea. Declinaron la presentación y prefirieron garantizar el rol de las fuerzas de seguridad como auxiliar de los tribunales. Es decir, son las mismas fuerzas –que reprimieron el miércoles– las que le hacen llegar las pruebas a Servini contra los detenidos.

“Esos diputados ayudaron a que la violencia fuese justificada”, insistió Bullrich. “Para nosotros, en ese momento, los diputados actuaron como delincuentes”.

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