El bloque de la UCR denunció que el Gobierno intenta imponer una "designación ilegítima" al frente de ese organismo para desviar la atención de la "crisis educativa y salarial".
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Judiciales y de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Stella Nieva, mantuvo una nueva reunión de trabajo en la que se analizaron diversos proyectos. Durante el encuentro, se otorgó despacho al decreto acuerdo enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a la Ley N° 5.337, "con el objetivo de fortalecer institucionalmente la Defensoría del Pueblo de Catamarca", informó la Cámara baja.
El dictamen emitido por la comisión establece la derogación en todos sus términos de los artículos 4°, 7°, 11°, 12°, 17° y 18° del Decreto Acuerdo N° 719, emitido el 30 de abril de 2025, "en el marco de una reestructuración orientada a optimizar el funcionamiento del organismo y garantizar una mayor eficacia en la defensa de los derechos de los ciudadanos".
"El Gobierno intenta imponer una designación ilegítima para desviar la atención de la crisis educativa y salarial", acusa el bloque de la UCR de la Cámara baja.
"Desde el bloque de la Unión Cívica Radical denunciamos el intento del Poder Ejecutivo de forzar un tratamiento exprés del Decreto Acuerdo N.º 186 y 187/25 en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Esta maniobra busca legitimar una designación inconstitucional y distraer a la sociedad de los verdaderos problemas que enfrenta Catamarca: el colapso del sistema educativo y el deterioro salarial de los trabajadores", señalan el comunicado difundido por los legisladores radicales.
"El decreto modifica de manera unilateral la Ley N.º 5337, otorgando al Ejecutivo la facultad de designar “en comisión” al Defensor del Pueblo, una atribución que vulnera la independencia del cargo y atenta contra el principio republicano de división de poderes. En base a esta norma, el gobernador nombró al exministro de Educación, Dalmacio Enrique Mera, como nuevo Defensor del Pueblo, sin el debido proceso de selección ni el aval institucional correspondiente", explican.
Y añaden: "No nos engañan con la derogación de uno o dos artículos menores. Rechazar puntos accesorios —como la duración del mandato o la cuestión salarial— sin cuestionar la facultad de designación directa por parte del Ejecutivo, implica convalidar un grave atropello institucional. La verdadera amenaza es el mecanismo de designación: ilegítimo, inconstitucional y funcional a un modelo de control político sobre organismos que deben ser autónomos".
"Además, esta jugada del oficialismo se da en un contexto de profundo malestar social, donde el Gobierno evade sus responsabilidades frente a una educación pública en crisis y salarios estatales que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. En lugar de responder a estas urgencias, buscan instalar un debate a medida, con apuro y sin transparencia", señalan.
Luego, reiteran que su prioridad legislativa es "discutir la emergencia educativa y garantizar un piso de dignidad para los trabajadores del Estado". "Por eso propusimos el tratamiento inmediato del proyecto que establece que los empleados municipales tengan como base del salario neto el Salario Mínimo Vital y Móvil, una medida concreta ante la grave situación económica", finalizan.
