Juzgado Federal de Catamarca deberá evaluar amparo colectivo por pensiones por discapacidad
Según confirmaron diputados, el recurso de amparo presentado el miércoles pasado, fue ingresado a la Secretaría de Contencioso Administrativo del Juzgado Civil Federal N° 2 a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, y exige la restitución inmediata de los beneficios y el reembolso de los montos retenidos. Debido a su carácter cautelar, el amparo obliga al magistrado a emitir una resolución en un plazo de 48 horas, lo que subraya la urgencia de la situación que afecta a miles de personas vulnerables.
La presentación judicial de los diputados catamarqueños cobra un significado aún mayor tras la jornada de ayer en el Senado de la Nación. En una sesión clave, la Cámara alta rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una decisión que fortalece legal y políticamente el reclamo de los legisladores.
Este rechazo al veto presidencial no solo respalda el espíritu del amparo presentado en Catamarca, sino que también establece un marco legal que valida la urgencia del pedido. "La sanción de la Ley de Emergencia es un respaldo clave a nuestro amparo. Nos da más fuerza para seguir adelante con este reclamo", señalaron los diputados impulsores del recurso.
La aprobación de esta ley en el Congreso refleja la presión social y política que se ha venido ejerciendo desde distintas provincias. Los diputados catamarqueños sostienen que la presentación de este amparo, “junto con medidas similares en otras jurisdicciones, y la lucha sostenida en la calle del colectivo de discapacidad, fue crucial para que el Senado tomara la decisión de rechazar el veto, demostrando que la defensa de los derechos de las personas con discapacidad se ha convertido en una prioridad nacional ineludible”.
En este contexto, ya se sumaron 11 damnificados directos al amparo y los diputados continúan recibiendo a personas con discapacidad y a representantes de asociaciones, quienes presentan sus reclamos y testimonios, reforzando la necesidad de una pronta y favorable resolución judicial.
“La presentación del amparo -sostienen los legisladores- se enmarca en el deber de diligencia al que están obligados todos los funcionarios públicos, en un esfuerzo por evitar el abandono de un colectivo que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Si bien el deber de diligencia en la función pública en general se refiere al cumplimiento de los deberes y responsabilidades asignadas de la mejor manera posible, en el contexto de los Derechos Humanos, se eleva un nivel de exigencia para incluir la protección activa y la garantía de derechos fundamentales de las personas”.
