Docente acusó al Poder Judicial jujeño y a funcionarios públicos de abuso de autoridad y violación de derechos constitucionales y humanos.
La comunidad originaria de Guerrero reclama por la restitución de sus tierras.
El investigador y docente Luis Alfredo Álvarez Igarzábal presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Jujuy contra funcionarios del Poder Judicial, autoridades políticas y empresarios, a quienes acusa de haber impulsado y avalado desalojos ilegales de comunidades originarias y pobladores de distintos puntos de la provincia.
En el escrito, Álvarez Igarzábal sostiene que desde 2022 se vienen ejecutando medidas “reñidas completamente con el Derecho”, mediante las cuales familias indígenas y campesinas habrían sido expulsadas de sus tierras “bajo presiones, atropellos y amenazas”, con el argumento de la reactivación del ferrocarril San Salvador de Jujuy–La Quiaca.
Según detalla, los barrios Radio Estación y Villa Las Rosas, en Tilcara, fueron los primeros afectados. Posteriormente, se produjeron desalojos en la comunidad de Guerrero, cuyos habitantes —según la denuncia— contaban con la documentación que acreditaba la posesión de sus tierras. Álvarez Igarzábal afirma que en octubre de 2024 esa comunidad fue “brutalmente desalojada”, perdiendo casi la totalidad de su ganado y siendo víctima de hostigamiento por parte de empresarios “con la complicidad de jueces y fiscales”.
El denunciante también advierte sobre nuevos intentos de desalojo en la comunidad de El Volcán y denuncia que detrás de las maniobras existirían intereses económicos vinculados a la explotación de recursos hídricos. El texto acusa a los funcionarios involucrados de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, en los términos del artículo 248 del Código Penal, señalando que las decisiones adoptadas “afectan derechos y garantías constitucionales, ambientales y culturales de los pueblos originarios”.
Álvarez Igarzábal sostiene además que los desalojos violan normas de jerarquía constitucional, entre ellas el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, la Ley 23.302 de Política Indígena, y diversos tratados internacionales de derechos humanos —como el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos—, todos enumerados en la presentación.
El denunciante pide al Ministerio Público Fiscal que suspenda de inmediato todas las intimaciones y desalojos en Jujuy y en el resto del país, y que se ordene la devolución de las tierras a las comunidades afectadas “con acompañamiento y protección de fuerzas federales”.
“Lo denunciado es grave y probado a ojos vista”, sostiene Álvarez Igarzábal en el cierre del escrito, advirtiendo que de no actuar, el Ministerio Público “estaría resguardando lo ilegal y lo ilegítimo”, contribuyendo a consolidar “un Estado de Derecho ficticio”. La denuncia quedó ahora en manos del fiscal federal competente, quien deberá evaluar si existen elementos suficientes para abrir una investigación penal sobre los hechos y las autoridades mencionadas.
