Informe de Ruido y Connectas
domingo 29 de marzo de 2026
Informe de Ruido y Connectas
La obligación del Estado argentino de financiar la impresión de boletas partidarias que se usan en las elecciones nacionales derivó en un gigantesco negocio con fondos públicos para algunas agrupaciones. Pareciera no haber herramientas para controlar el despilfarro de partidos y candidatos que nadie conoce, pero que reciben fortunas, pese a las advertencias de la Justicia sobre un sistema electoral único en el mundo.
Andrea Calligaris es una ferviente militante santafesina de Javier Milei. Si La Libertad Avanza repite su resultado en las elecciones generales del 22 de octubre, Calligaris ocupará un escaño en el Parlamento del Mercosur (Parlasur) por esa provincia.
En una jugada paralela, simultánea, Andrea Calligaris ocupó otro rol en las Paso (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), además de candidata libertaria: fue la tesorera de Proyecto Joven, una agrupación progresista, de izquierda, en las antípodas de los libertarios, que recibió el Estado argentino 1.068 millones de pesos para imprimir 365.792.078 boletas electorales y abastecer a un padrón de 35.394.425 electores.
Pese a los millonarios recursos públicos que recibió, Proyecto Joven sólo obtuvo 74.160 votos, el 0,08 por ciento del total de votos que hubo en el país.
En Catamarca el dato es escandaloso: cada voto impreso de una agrupación denominada Proyecto Joven costó 154.360 pesos. El contraste es que La Libertad Avanza tuvo un costo de 28 pesos por voto impreso, Unión por la Patria 17 pesos y Juntos por el Cambio 47 pesos, citando a los partidos más votados en las elecciones de agosto.
Este el caso más burdo y explícito de cómo el Estado argentino financia la caja negra de la política a través de la impresión de boletas electorales, y como las agrupaciones políticas desplegaron una industria floreciente: la de los sellos electorales.
Para las Paso de 2023 el Estado argentino estimaba girar al conjunto de agrupaciones políticas de todo el país 10.931 millones de pesos, una cifra equivale a 18,9 millones de dólares comerciales, si contemplamos la cotización del 11 de agosto, el viernes previo a los comicios.
El monto no es definitivo: quedan pendientes reclamos judiciales, por lo que puede variar en algunos millones. El destino de esa fortuna fue financiar la impresión de casi 3.744 millones de boletas en todo el país.
No hay error en esos números: 3.744 millones de boletas para 35,3 millones de personas; 106 boletas por cada mayor de 16 años. Basta una comparación para graficar esto: si se imprimieran todas las boletas que financia el Estado y se las colocaran una al lado de otra, ocuparían una superficie casi similar a la de la Ciudad de Buenos Aires; una sábana de papel para cubrir a la capital del país.
Son tantas boletas que ningún organismo estatal puede controlar que efectivamente esa sea la cantidad que se imprimió, lo que impide saber cuánto de esos fondos se utilizaron en la impresión de las boletas y cuántos fueron a los bolsillos de los gerentes de los sellos partidarios.
Las auditorías son tan laxas, que es responsabilidad de los partidos políticos devolverle al Estado nacional el sobrante de esos fondos. Casi una cuestión de buena voluntad. Al cierre de este informe de el sitio elruido.org, y con los plazos para presentar la documentación ya vencidos, sólo una lista de las 1.818 que participaron de las Paso había reintegrado fondos públicos que no utilizó.
En este armazón se refugiaron e hicieron negocios Andrea Calligaris, Mario “el Sapo” Peral o José Bonacci, entre otros; casos que son un muestrario de cómo el sistema de financiamiento público electoral alienta y facilita la corrupción política.
De los 10.931 millones de pesos entregados por el Estado para imprimir boletas, 79% fue para agrupaciones que no llegaron al piso electoral del 1,5%.
En las Paso de este año participaron en todo el país 1.818 listas que postularon a 24.144 precandidatos, tanto en la jurisdicción federal –las categorías de presidente y vicepresidente y parlamentarios del Mercosur– como en las 24 provincias, donde se eligieron diputados nacionales, parlamentario regional del Parlasur y senadores nacionales (en ocho provincias).
Sobre ese universo de precandidatos se montó el despilfarro de fondos y el negocio para algunos. En cada elección, la Justicia electoral le exige a cada partido garantizarle a los electores un mínimo de 50 votos (boletas) por cada urna dispuesta en los centros de votación, ubicados en las escuelas. Este año se habilitaron 104.577 urnas en el país.
Por una cuestión material, la única auditoría posible desde el Estado es sobre esa pequeña muestra de votos exigida. Si el resto de las boletas efectivamente se imprimieron, nadie lo controla.
Fuente: elruido.org