El diputado provincial por el Frente Amplio Catamarqueño, Hugo Ávila, criticó duramente al gobernador Raúl Jalil por lo que calificó como “una actitud autoritaria” en el uso sistemático de decretos para modificar leyes y tomar decisiones que, según denunció, atentan contra los derechos de los trabajadores estatales y principios constitucionales. "Hay una actitud arbitraria de parte del gobernador, de querer gobernar por decreto, y si esos decretos no son anulados por la Legislatura en el periodo ordinario, tienen validez", advirtió Ávila en el programa Mañana Central que se transmite por Ancasti Streaming.
Hugo Ávila acusa al Gobierno provincial de autoritarismo y lleva los decretos a la Justicia
El diputado del Frente Amplio Catamarqueño cuestionó los decretos del Ejecutivo y presentó amparos para frenar medidas que considera inconstitucionales.
Ávila ante la falta de mayoría legislativa para rechazar los decretos, optó por acudir a la Justicia. “Estoy presentando una serie de recursos de amparo vinculados a la modificación de la base de cálculo de OSEP, que considero totalmente inconstitucional e ilegal. Atenta contra derechos adquiridos y contra la seguridad jurídica de los empleados públicos”, sostuvo.
El legislador también se refirió al polémico decreto que modifica la Ley de la Defensoría del Pueblo y habilita la designación en comisión del exministro Dalmacio Mera como titular del organismo. Cuestionó los cambios que elevan el salario del Defensor al nivel de un juez de Corte y extienden su mandato a 12 años. "Se ven cuestiones de fondo que son graves. Duplicarle el sueldo que no cobra como diputado sino como ministro de la Corte y por otro lado darle 12 años cuando en realidad eran de 5".
Además considera que se trata un procedimiento carente de transparencia al señalar que se evita convocar a concurso "a cientos de jóvenes de Catamarca para que puedan rendir, en base a una cuestión meritocrática, la designación del Defensor del Pueblo y no por amiguismo y por vinculación política como está haciendo la figura de Dalmacio Mera".
“Es grave lo que está pasando. Hay que frenar esta deriva autoritaria”, concluyó Ávila, convencido de que la Justicia podría declarar la nulidad de los decretos que, a su entender, vulneran principios fundamentales del derecho público provincial. "No tengo duda de que hay grandes posibilidades de obtener la nulidad de los mismos a través de los amparos. Claramente hay distintos tipos de normas constitucionales y legales que establecen que los derechos laborales adquiridos de los trabajadores no los puede tocar por decreto. Tiene que ser a través de una ley", señaló.