El funcionario tuvo que salir a dar explicaciones luego de adherirse, en plena investigación judicial, a uno de los mecanismos contemplados en la Ley de Inocencia Fiscal.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni tuvo que dar explicaciones a sus allegados por los últimos movimientos fiscales que tanto él como su esposa, Bettina Angelleti, protagonizaron esta semana al adherirse al régimen simplificado de Ganancias, que está contemplado en la Ley 27.799 de Inocencia fiscal. "Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo", le expresó a su entorno.
"Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes", dijeron voces cercanas al exvocero presidencial. "El nuevo esquema impulsado por el Gobierno para reformar el régimen penal tributario y elevar los montos de la Ley de Procedimiento Fiscal", cuyo objetivo es que "ARCA concentre sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores, protegiendo al común de los argentinos", explicaron.
"Asimismo, se actualizan los montos de las multas por infracciones generales que habían quedado obsoletos", detallaron. Y señalaron que el régimen de DDJJ Simplificada, al que la esposa adhirió el martes 9 de junio y Adorni esta mañana, es tan sólo un "mecanismo diseñado para facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales". "En este caso, ARCA confecciona una pre declaración jurada y el contribuyente sólo debe prestar su conformidad. Se trata de un trámite mucho más rápido y sencillo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata al momento de presentar y abonar el saldo determinado por el sistema", agregaron.
"Entendiendo que la ley de Inocencia Fiscal contempla varios instrumentos para los contribuyentes, en su caso sólo va a utilizar uno: el régimen simplificado de ganancias. Cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta. No se va a adherir a ningún blanqueo, solo a simplificar la presentación de Declaración Jurada", sostuvieron en su defensa.
Algo similar señala ARCA en su sitio web, al dar cuenta del régimen simplificado. Dice textual: "No es un blanqueo ni una amnistía. Es un cambio de paradigma: se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario".
En tanto, la situación judicial de Manuel Adorni avanza hacia definiciones clave mientras prepara la presentación "inminente" de su declaración jurada. La Justicia federal investiga un presunto enriquecimiento ilícito que cruza ingresos, deudas, gastos corrientes y pagos relevantes para la compra de bienes.
El foco principal está puesto en las inconsistencias detectadas en los movimientos patrimoniales que el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, realizaron durante el período fiscal 2025. Sin embargo, la reciente aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal en febrero de ese mismo año introduce un fuerte blindaje, ya que bloquearía a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de poder revisar los períodos fiscales anteriores.
Si se le concede este beneficio, el organismo no podrá auditar la ecuación patrimonial de los bienes poseídos entre 2022, 2023 y 2024, así como tampoco el año base de 2025, un período donde legalmente no se podían sacar dólares del colchón antes de la sanción de la norma.
En las próximas semanas, Adorni deberá explicar ante los tribunales el crecimiento de su patrimonio en un escenario que depende de dos informes clave que esperan el juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita. A pedido de este último, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) prepara un estudio contable minucioso para determinar si existió un incremento patrimonial injustificado y medir su magnitud real.
Se prevé que esta revisión financiera esté terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio. Una vez que la DAFI establezca una cifra concreta sobre el supuesto enriquecimiento, el fiscal Pollicita quedará en condiciones de solicitarle formalmente al juez Lijo un requerimiento de justificación patrimonial, un paso inmediato que la declaración jurada del ciclo 2025 presentada ante la Oficina Anticorrupción no parece ser suficiente para evitar.
Al recibir dicho requerimiento, el jefe de Gabinete tendrá la oportunidad de responder y justificar cómo adquirió y remodeló dos propiedades específicas —un semipiso en el barrio de Caballito y una casa de country en Indio Cua— sin haber vendido ninguno de los bienes que poseía antes de asumir en la función pública.
Asimismo, la Justicia le exigirá explicaciones sobre el origen del dinero utilizado para sus constantes viajes por el país y el mundo, la adquisición de una nueva camioneta y la forma en que planeaba cancelar, antes de noviembre, una abultada deuda de USD 335.000 con distintos acreedores.
Si el descargo que presente el funcionario no logra desarmar la hipótesis delictiva impulsada por la fiscalía, el siguiente movimiento procesal de la causa sería citarlo a declaración indagatoria en los tribunales federales de Retiro.
La pesquisa judicial no se limita a los bienes tradicionales, sino que incluye un foco específico sobre el mercado de las criptomonedas, donde los investigadores ya acreditaron fondos, movimientos y billeteras virtuales de Adorni, bajo la sospecha de que existen más activos digitales no registrados directamente a su nombre.
En paralelo, el expediente se entrecruza con otra investigación por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública que analiza los vínculos del funcionario con el periodista Marcelo Grandio y la productora ImHouse, presidida por Horacio Silva.
Para avanzar en esta línea, el juez Lijo espera un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO) sobre las comunicaciones telefónicas de los involucrados.
Esta causa analiza detalladamente el viaje en avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval de este año, cuyos pasajes, con un costo total de ida y vuelta de USD 7.830, fueron abonados por Grandio y la productora para trasladar al periodista, al jefe de Gabinete, a su esposa y a sus dos hijos; un hecho sobre el cual Adorni afirmó públicamente haber pagado su parte, por lo que ahora debe presentar el comprobante ante la Justicia.