En diciembre solo se sancionaron dos de las 17 leyes que había propuesto el Ejecutivo en el temario.
El gobernador Raúl Jalil y las autoridades de los bloques opositores se comprometieron a principios de diciembre a dar continuidad a la agenda legislativa en febrero, con un nuevo llamado a sesiones extraordinarias por parte del Ejecutivo. Este jueves culmina el receso administrativo y hay expectativa por el debate de quince proyectos que fueron propuestos por el Gobierno en el temario para diciembre y que quedaron en el tintero.
En el período extraordinario de diciembre, la Legislatura convirtió en ley la unificación del Registro Público con Inspección General de Personas Jurídicas y la aceptación de la transferencia a favor de la Provincia del tramo de ferrocarril con los seis túneles de La Merced, en Paclín.
En este sentido, están pendientes para su tratamiento el "Régimen de democratización del ingreso al Poder Judicial mediante concursos públicos para cargos vacantes", el nuevo "Régimen de Formación y Capacitación de la Policía y Servicio Penitenciario", una modificación del Código de Procedimientos Administrativos, cambios a la ley 2337 respecto de los créditos presupuestarios del Procurador General de la Corte; la reorganización funcional Escribanía General de Gobierno; la creación del Parque y reserva nacional "Sierra del Ambato".
Además, vinculado a lo electoral están los proyectos para reincorporar a las leyes 4628 y 4640 los artículos que garantizan la efectiva representación de las minorías; la ley de Ética en la función pública y la de inhabilidades constitucionales para el ejercicio de la función pública (Ficha Limpia). También están a la espera de tratamiento el nuevo "Régimen especial de radicación industrial", el Fondo permanente de recompensas y la creación del Hospital público interzonal general para los adultos mayores.
Todo esto, sumado a un paquete vinculado a la actividad minera, que incluye un régimen de multas por incumplimiento de contratación de mano de obra local en proyectos mineros, el derecho de preferencia en la adquisición de hasta un 10% de la producción de litio por el Estado provincial y la derogación del decreto ley n°4007 de 'Régimen de promoción minera'.
