lunes 8 de agosto de 2022

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Planteo en la Asamblea Universitaria

Exigen el acceso público al contenido de convenios firmado entre la UNCA y mineras

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28 de junio de 2022 - 12:48

En la mañana de este martes el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Oscar Arellano, presidió su primer Asamblea Universitaria. Durante la reunión, un conjunto de docentes, investigadores, estudiantes y egresados leyeron un pronunciamiento en el que exigieron “el acceso público al contenido de convenios” celebrados entre la UNCA y distintas empresas del sector minero, al tiempo que se pronunciaron a favor de la derogación de los mismos.

Además, manifestaron que realizarán acciones en los próximos meses, no solo con pedidos oficiales de información a la UNCA, “sino también para que se escuchen las voces de los propios integrantes de la universidad que no han sido tenidos en cuenta”.

El grupo de docentes, investigadores, estudiantes y egresados manifestó también su desagrado porque la asamblea, “al requerir de una acreditación que solo se otorga a los integrantes de los distintos consejos de las facultades y autoridades, excluye al público general y al conjunto de la comunidad universitaria, lo cual encierra una polémica que no es nueva”.

El texto del pronunciamiento es el siguiente:

“Manifestar por este medio nuestro repudio a la reciente firma de convenios que la UNCA ha celebrado con empresas mineras extranjeras que operan en nuestra provincia, habida cuenta de la flagrante malversación de la misión, la función y la responsabilidad que como Universidad pública nos cabe ante nuestra sociedad.

“Vemos con suma preocupación que los contenidos de dichos convenios no han sido puestos en conocimiento público de la comunidad universitaria y de la sociedad, así como de las razones y fundamentos que han llevado a nuestra universidad a asumir tales compromisos. Más allá de los contenidos mismos, la firma de convenios con empresas mineras transnacionales que están operando en el territorio provincial a expensas de los derechos básicos de las poblaciones locales, que vienen denunciando las afectaciones socioambientales ya sufridas por este tipo de explotaciones y que han manifestado su oposición legítima y fundamentada a la radicación de nuevos proyectos, pone a la universidad -ipso facto- en contradicción con los derechos y la voluntad de la población local, y en una situación de manifiesta complicidad con los intereses corporativos y particulares que vehiculizan tales proyectos.

“Tratándose de una universidad pública que debe estar al servicio del Bien Común de nuestra sociedad, esta toma de posición resulta absolutamente contradictoria, ética y políticamente. En el contexto de los recientes –y ya crónicos- episodios de represión y criminalización de las poblaciones movilizadas en la defensa de la vida de y en sus territorios, resulta inaceptable que nuestra Universidad le dé la espalda a los violentamientos de los derechos fundamentales de nuestras poblaciones”.

“Exigimos el acceso público al contenido de dichos convenios, que deben ser inmediatamente derogados. Es necesario que se escuchen las voces de los propios integrantes de la universidad que no han sido tenidos en cuenta en ningún momento a la hora de discutir las implicancias y consecuencias de estos acuerdos”.

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