Un grupo de 500 empresarios y profesionales hicieron llegar una carta abierta a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para presionar al oficialismo para que deje sin efecto el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. "¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?", cuestionaron. Algunos de los firmantes son Miguel Carlos Blanco, Alberto F. Garay, Guillermo Lipera, Santiago José Mignone y Juan Manuel Vaquer.
"Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina", argumentaron.
A su entender, "el respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos".
Los firmantes concluyeron la misiva apelando a "la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas". Tras impulsar el juicio político contra la Corte junto a una decena de gobernadores oficialistas, el Poder Ejecutivo envió la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso incluyendo en el temario esta iniciativa que permitiría, con mayorías calificadas en ambas cámaras, remover de sus cargos a los magistrados e inhabilitarlos de por vida a ejercer cargos públicos.
En el oficialismo acusan a la cúpula de la Corte Suprema bajo la figura de "mal desempeño en sus funciones" por invadir competencias que son inherentes al Poder Legislativo, como por ejemplo en la selección de los miembros del Consejo de la Magistratura o en la distribución federal de recursos coparticipables. Según aducen en el FT, el máximo tribunal favoreció arbitraria y deliberadamente a JPC en su fallo vinculado a la integración del Consejo de la Magistratura, y también benefició a la Ciudad en el conflicto por la coparticipación.
