Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina sobre la ejecución fiscal de marzo de 2026 muestra que el Gobierno nacional logró mantener el superávit de las cuentas públicas, aunque advierte que ese resultado se explica principalmente por un fuerte ajuste del gasto y no por una recuperación de los ingresos.
De acuerdo al análisis, el Sector Público Nacional registró en marzo un superávit primario de $0,93 billones y un resultado financiero positivo de $0,48 billones. Sin embargo, el documento señala que este desempeño se apoya en una marcada contracción del gasto público, que en términos reales cayó 31,5% en comparación con 2023, mientras que los ingresos también retrocedieron, aunque en menor medida.
En este sentido, advierten que la mejora fiscal no responde a un incremento en la recaudación ni a un repunte de la actividad económica, sino a la profundización del ajuste iniciado en 2024. De hecho, los ingresos totales evidencian una caída interanual del 5,8% en términos reales, con descensos significativos en tributos como el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, además de una baja sostenida en la recaudación del IVA.
Uno de los puntos centrales del informe es el cuestionamiento al resultado financiero informado por el Gobierno. Según el CEPA, el superávit pierde consistencia si se consideran los intereses de deuda que se capitalizan y no se computan como gasto corriente. Al incluir estos compromisos, el resultado de marzo pasaría a ser deficitario, lo que expone una “situación fiscal más frágil de lo que muestran los datos oficiales”.
El ajuste del gasto impacta en múltiples áreas. Las prestaciones sociales muestran caídas en términos reales, al igual que los salarios del sector público, que continúan perdiendo frente a la inflación. A esto se suma una fuerte reducción en los subsidios económicos, tanto en energía como en transporte, y un desplome de la inversión en obra pública, que registra una baja superior al 80% respecto a niveles de 2023.
En paralelo, el informe pone el foco en la disminución de las transferencias a las provincias, que registran una caída interanual cercana al 70%. Este recorte configura un escenario más exigente para las administraciones provinciales, que deben sostener servicios y programas con menores recursos provenientes de la Nación.
Si bien el Gobierno logró cumplir con las metas fiscales comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el primer trimestre del año, el CEPA advierte que la dinámica actual podría dificultar el cumplimiento de los objetivos fijados para los próximos meses, en particular la meta de junio.
En este contexto, concluye que el ordenamiento de las cuentas públicas se apoya en un esquema de fuerte contracción del gasto, con efectos sobre la actividad económica y el financiamiento de políticas públicas. Al mismo tiempo, señala que la sostenibilidad del superávit dependerá de la evolución de los ingresos y de la capacidad de mantener el actual nivel de ajuste en un escenario social y económico complejo.
