Se trata de un nuevo aporte, para fortalecer la puesta en marcha de la mostera en Fiambalá y acompañar a productores en un contexto complejo para el sector vitivinícola.
Tinogasta. Autoridades provinciales recorrieron las mosteras del departamento.
El Gobierno de Catamarca dispuso un nuevo desembolso de fondos para fortalecer el funcionamiento de la bodega “La Indómita”, en Fiambalá, en el marco de una política de acompañamiento al desarrollo productivo del oeste provincial y de sostenimiento de la actividad vitivinícola.
En ese sentido, se autorizó un aporte irrevocable de $150 millones a la empresa Agroindustria Catamarca Sociedad del Estado (AICAT S.E.), con el objetivo de cubrir necesidades inmediatas y garantizar la puesta en marcha de la mostera ubicada en Medanitos. A diferencia de asistencias anteriores, se trata de una transferencia no reintegrable que será capitalizada en la firma estatal, consolidando la participación directa del Estado en la operatoria del proyecto.
“La Indómita” fue inaugurada en 2021 durante la gestión de la exintendenta Roxana Paulón como una de las principales apuestas productivas del municipio. En 2022, la planta fue ampliada para incorporar la elaboración de vinos, lo que permitió elevar su capacidad de almacenamiento de 125 mil litros a más de un millón, en un intento por posicionar a Fiambalá dentro del circuito vitivinícola regional.
Sin embargo, tras el cambio de gestión, el actual intendente Raúl Úsqueda denunció en su momento, que la bodega había sido desmantelada. Una auditoría municipal detectó faltantes de maquinaria, motores en mal estado, cisternas obsoletas y deudas, incluso con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que impedían su funcionamiento normal.
En ese contexto, la Provincia ya había intervenido en febrero de 2024 con un préstamo de $60 millones para reacondicionar la planta y garantizar la vendimia. Si bien la bodega logró reactivarse parcialmente semanas después, desde el municipio señalaron que debió ser “prácticamente rearmada en su totalidad”, lo que dejó en evidencia las condiciones en las que había sido recibida.
El nuevo aporte se da en paralelo a una fuerte presencia estatal en la actual campaña vitivinícola. Durante una recorrida por plantas de Tinogasta y Fiambalá, el gobernador Raúl Jalil destacó que ya se procesan más de 6 millones de kilos de uva entre las mosteras de la región, con más de 5,3 millones en Tinogasta y más de 800 mil en Medanitos.
En ese marco, el Ejecutivo implementó un esquema de sostenimiento para productores que incluye el pago de 50 pesos por kilo de uva para cubrir costos de cosecha y flete, además de la provisión de insumos y la incorporación de equipamiento para mejorar la capacidad de procesamiento. También se avanzó en acuerdos para garantizar que la producción de Fiambalá sea absorbida por la mostera local, en un intento por asegurar la comercialización en plena vendimia.
La intervención provincial se inscribe en un escenario complejo para el sector a nivel nacional. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que, si bien en 2026 crecieron los volúmenes exportados de vino y mosto, los ingresos en dólares aumentaron en menor proporción, reflejando una caída del precio promedio y una tendencia hacia productos de menor valor agregado.
El estudio también señala una fuerte concentración territorial de la actividad, con Mendoza explicando el 94% de las exportaciones del sector, muy por encima de otras jurisdicciones. En ese esquema, provincias como Catamarca tienen una participación marginal, lo que expone los desafíos estructurales para insertarse en la cadena de valor.
En ese contexto, el nuevo aporte a “La Indómita” refuerza el rol del Estado como actor central en la producción vitivinícola del oeste catamarqueño. La Provincia no solo financia infraestructura, sino que también interviene en precios, insumos y organización de la producción, en un intento por sostener la actividad y dar respuesta a los productores locales.
Al mismo tiempo, la medida vuelve a poner en discusión la sustentabilidad del proyecto, que desde su inauguración estuvo atravesado por controversias políticas sobre la asistencia del Estado, pero que el Gobierno busca consolidar como una herramienta clave para el desarrollo productivo regional.
