El Gobierno no convocará a la sesión prevista para hoy en el Senado con el objeto de discutir el pliego del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. Fue después de que casi todo el arco opositor anticipara en la reunión de labor parlamentaria de ayer que no habilitaría el quórum en medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA que impulsó el presidente Javier Milei.
Se trata de un nuevo traspié del Gobierno, que ahora tiene dos opciones para insistir con su nombramiento: avanzar por decreto, en comisión por un año -una opción que el juez federal no aceptaría- o volver a intentar aprobar su pliego en el período ordinario de sesiones, a partir del 1° de marzo próximo. En cualquier caso, esta falta de avales para discutir su candidatura por parte de la oposición sienta un mal precedente e indica que es cada vez más difícil que se destrabe esa negociación.
Los candidatos del Gobierno para conformar el máximo tribunal de Justicia son Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla. Son los dos hombres propuestos por la Casa Rosada para cubrir las vacantes que dejaron Elena Highton y Carlos Maqueda.
Si bien solo el juez federal obtuvo dictamen de comisión y su pliego está en condiciones de debatirse en el recinto, el escándalo sobre la difusión de $LIBRA por parte del Presidente obturó los objetivos del Gobierno.
Casa Rosada barajó la idea de convocar la sesión a pesar de no tener garantizado el quórum. Su objetivo era desviar el foco de atención del criptogate y, además, utilizar la falta de voluntad de la oposición para debatir este tema como excusa para avanzar con los nombramientos por decreto. Sin embargo, este plan se terminó de desinflar ayer durante la reunión celebrada entre los principales espacios legislativos en el Senado. El Gobierno tuvo que elegir: si convocaba a la sesión por Lijo para exponer a la oposición ponía en jaque el debate para suspender las PASO.
La candidatura de Lijo pende de un hilo. A pesar de que el kirchnerismo aportó firmas para su dictamen, por lo bajo advierten que para que aparezcan los votos en el recinto se debe abrir una nueva negociación. Unión por la Patria tiene la llave: si 25 de sus 33 integrantes se plantan, cualquier intento de aprobación se desmorona. Esto sin contar a los dialoguistas que anticiparon que no acompañarán al candidato del oficialismo: la mayoría de Pro, al menos tres radicales y el exoficialista, Francisco Paoltroni.
