Sin remedios en las salitas, pacientes crónicos fraccionan pastillas o abandonan sus tratamientos y llegan más graves a hospitales desbordados.
A casi tres años del inicio de los recortes en el programa Remediar, miles de personas en todo el país empeoran día a día, advierten los especialistas. Pacientes con enfermedades crónicas que antes retiraban su medicación en las salitas del barrio o del pueblo ahora ponen en juego su salud física y mental recorriendo centros de salud en busca de fármacos, cambiando a remedios de baja calidad, fraccionando pastillas, alternando las tomas o, simplemente, abandonándose a su suerte.
Los que pueden trasladarse, señalan los profesionales, recurren a los hospitales generales por problemas que podrían resolverse en una salita. Eso aumenta la demanda y las demoras en un sistema público ya desbordado por quienes migraron de la salud privada tras perder la obra social o no poder pagar la prepaga. “Los hospitales generales están literalmente colapsados”, advirtió en diálogo con elDiarioAR Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de Salud del CELS.
Según datos del INDEC procesados por el Instituto Argentina Grande, entre fines de 2023 y principios de 2026 más de 1,2 millones de personas se quedaron sin obra social, prepaga ni mutual, por la pérdida del empleo o por cuotas de prepaga que subieron 500% frente a una inflación de 344%. En la provincia de Buenos Aires, las internaciones en hospitales públicos crecieron 35% entre 2023 y 2025 y, entre los mayores de 45 años, las causadas por enfermedades hipertensivas subieron 36%, según el Ministerio de Salud bonaerense. “Vemos a un sistema de salud como un paciente en potencial destrucción”, dijo Martín Pederzoli, director ejecutivo del HIGA San Martín de La Plata, en declaraciones radiales.
“Con el recorte del Remediar, ahora se suma la población que antes se atendía en las salitas”, agrega Sabin Paz. “El problema se agrava con los remedios que dejaron de llegar. Una situación que podría haberse resuelto en el primer nivel termina llegando al hospital con un cuadro mucho más avanzado, que en algunos casos puede ser irreversible”.
En las salitas, esa cadena empieza en el consultorio. “Hay que decirle a la gente que tiene que ir a conseguir el medicamento en otro lugar o al hospital, si es que en el hospital hay”, cuenta a elDiarioAR Luna Neme, médica generalista y jefa del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 15 de La Plata. “La mayoría de las veces no lo pueden pagar”, agrega.
La falta también cambió la forma de atender. Sin hierro para los bebés ni para las embarazadas, hay tratamientos preventivos que no se realizan. “Sabemos que eso trae consecuencias que terminan aumentando la tasa de enfermedades”, advierte Neme. Con los antibióticos, en lugar del de primera línea se usa el que hay. Neme, por ejemplo, dice que una cistitis que podía tratarse en forma ambulatoria, sin el medicamento adecuado, se complica y termina en una internación que pagan los hospitales.
Con los crónicos, el problema empieza en el diagnóstico. Si aparece un caso nuevo de diabetes o hipertensión, no hay stock para iniciar el tratamiento en el momento y el paciente tiene que esperar a inscribirse en el programa provincial y a que le llegue la medicación. Otros fármacos, que solo venían por el Remediar, ya no están, y mucha gente discontinúa el tratamiento. En la salita se arreglan con las muestras médicas que dejan los laboratorios. A un hipertenso le cambian el remedio por el que haya de muestra y, cuando se termina, por otro. “No es lo óptimo, ¿viste? Pero es eso o que no tome nada”, admite Neme.
Mariano Salerno, director de Redes Intersectoriales en Salud de La Plata, describe en diálogo con elDiarioAR un “déficit muy grande” en las farmacias municipales. El programa provincial Medicamentos Bonaerenses intenta suplir al Remediar, pero “es muy difícil reemplazarlo tan rápidamente”, advierte. “Vemos gente que vuelve a venir con problemas que podríamos haber solucionado y ya no podemos”, lamenta Neme.
Sin anuncios, el recorte empezó en 2024. De repente, las cajas comenzaron a llegar a las salitas con menos remedios y envíos más espaciados. En diciembre de 2023 se habían distribuido 17.393 botiquines en todo el país; en abril de 2026, apenas 849, según datos oficiales. El 30 de marzo, ante el Consejo Federal de Salud (COFESA), Nación anunció una “nueva etapa” del programa y la justificó en que menos del 10% de los centros de salud reportaba qué hacía con los botiquines. En esa reunión, a la ministra de Salud fueguina, Judit Di Giglio, le respondieron que se trataba de “una cuestión meramente presupuestaria”.
El Ministerio de Salud, en cambio, sostuvo que el programa no se cerraba sino que se concentraba en las enfermedades vasculares, y que centralizaría la compra de losartán con amlodipina, hidroclorotiazida y rosuvastatina. Pero en la provincia de Buenos Aires la entrega de cardiometabólicos cayó 86,7% entre 2023 y lo que va de 2026, según el CELS. El losartán pasó de 3.661.380 comprimidos a 1.500: donde antes había tratamiento para 10.000 personas, hoy alcanza para cuatro. La amlodipina cayó 99,8% y la rosuvastatina, 100%. El 15 de octubre, la resolución 1447 redujo el listado de 97 principios activos a seis, todos cardiovasculares, y el losartán quedó afuera. “Un brutal y asesino ajuste, que impacta directamente en la salud de la gente”, escribió ese mismo día en X el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
No hay registro de cuántas personas cortaron un tratamiento, pero los indicadores disponibles empeoraron. Entre 2023 y 2025, las internaciones de mayores de 45 años por diabetes crecieron 40% en los hospitales bonaerenses y las cardíacas, 37%, según un informe provincial que vincula esa suba, entre otros factores, con la falta de medicamentos. De acuerdo con la UCA, entre 2024 y 2025 el 35,2% de los hogares con personas mayores postergó o resignó atención médica o remedios por razones económicas. “Lo que vemos es el abandono liso y llano de personas con patologías que el propio Ministerio de Salud considera graves”, señala Sabin Paz. “Hay personas que tienen que elegir entre comer o comprar sus medicamentos de manera privada porque no los encuentran en ningún lado, entonces fraccionan las pastillas o directamente abandonan el tratamiento”.
Ese abandono es el que el CELS llevó a la Justicia. A fines de junio presentó, junto con el abogado Fabián Murúa, un amparo colectivo ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, en nombre de los pacientes bonaerenses, contra la “reducción progresiva y regresiva” de los medicamentos del Remediar, y pidió garantizar, como mínimo, el vademécum de 2021. En septiembre, el juez lo declaró un caso de incidencia colectiva.
Ahora el expediente espera la cautelar, que podría resolverse en los próximos días. El CELS pidió suspender la resolución 1447 y, según los demandantes, el Ministerio de Salud se opuso. “Le pedimos al juzgado que deje sin efecto esta medida y que, hasta que se resuelva el fondo de la causa, le impida al Gobierno nacional avanzar con el desmantelamiento del Remediar”, resume Sabin Paz.
En ese expediente está en juego un programa con casi un cuarto de siglo de historia. El Remediar nació en 2002, en la emergencia sanitaria que siguió a la crisis de 2001. Lo impulsó el entonces ministro de Salud, Ginés González García, con un préstamo del BID. Durante el gobierno de Mauricio Macri pasó a llamarse CUS-Medicamentos y en 2022 incorporó un botiquín de salud mental. “Atravesó distintas gestiones de gobierno y siempre fue considerado esencial para sostener el primer nivel de atención”, recuerda Sabin Paz.
Su peso también era federal. El programa permitía, explica, “igualar las condiciones de acceso entre territorios, independientemente de las diferencias económicas entre provincias”. Para el Gobierno, esa tarea no le corresponde a Nación: “La salud en la Argentina es una responsabilidad primaria de las provincias”, sostuvo a fines de octubre el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Pero según el CIIPS, las provincias más afectadas, como Chaco o Santiago del Estero, son las que tienen más población sin cobertura y menos capacidad fiscal para compensar. “Al desmantelarlo, la atención queda sujeta a las posibilidades de cada jurisdicción”, señala Sabin Paz.
Mientras la Justicia decide, advierten que hay pacientes que preguntan si el médico tiene muestras gratis y otros que piden que no les hagan la receta, porque no podrán comprar el remedio. Para Sabin Paz, el recorte va contra lo que la pandemia permitió comprender, es decir, que la salud no es un asunto individual. “La salud es un bien colectivo, sostenido en lazos de solidaridad”, dice. Y advierte: “El acceso a la salud, que es un derecho, se está convirtiendo en una cuestión de supervivencia”.
Fuente: ElDiarioAR
