En una sesión especial convocada por un requerimiento de la Fiscalía, exconcejales aseguraron que no existe registro de una ordenanza que autorizara la compra o enajenación de la Toyota Prado.
El Concejo Deliberante de Santa Rosa realizó una sesión especial a pedido de la Fiscalía de Instrucción Penal, en el marco de la investigación por la situación de una camioneta Toyota Prado que habría formado parte del patrimonio municipal y que quedó vinculada a un video difundido en redes sociales.
El vehículo fue registrado el 15 de julio realizando maniobras y derrapes sobre el terreno de la Laguna Azul, en cercanías del volcán Pissis, en la zona cordillerana de Fiambalá. Las imágenes generaron repercusión debido a la fragilidad ambiental del sector y abrieron interrogantes sobre la situación del vehículo.
A partir del requerimiento de la Fiscalía, el Concejo Deliberante convocó a exintegrantes del cuerpo para determinar si existían antecedentes legislativos relacionados con la adquisición o enajenación de la camioneta.
Durante la sesión estuvieron presentes los exconcejales Fabián Lezana y Mario Páez, actual intendente de Santa Rosa, mientras que la exconcejala Ester Guaraz estuvo ausente.
Lezana manifestó que desconocía que la camioneta hubiera estado registrada como patrimonio municipal. Según explicó, tenía conocimiento de que la Provincia había adquirido una flota de vehículos similares y que posteriormente una de esas unidades había llegado al municipio.
También sostuvo que, cuando la camioneta dejó de estar en Santa Rosa, creyó que había sido retirada por la Provincia. “No sabía que estaba en nombre de la Municipalidad de Santa Rosa”, expresó Lezana, quien agregó que no contaba con documentación sobre una eventual compra o venta del vehículo.
En la misma línea, Páez aseguró que durante el período en el que ambos fueron concejales —entre 2013 y 2021— no existió ningún proyecto ni pedido de autorización para la venta o enajenación de la Toyota Prado. “Es decir, nada, así como autorización para la compra ni autorización para la venta”, afirmó.
El actual intendente consideró además que la Fiscalía debería adoptar medidas para determinar dónde se encuentra el vehículo y planteó la posibilidad de que sea secuestrado y devuelto al municipio. “Es un vehículo nuestro, nunca se autorizó la venta desde el CD y que se haga cargo el que hizo la operación”, sostuvo.
El actual presidente del Concejo Deliberante, Federico Mercado, fue más allá y cuestionó el funcionamiento de administraciones municipales anteriores. Mercado señaló que también formó parte de una gestión anterior y afirmó que durante ese período observó situaciones vinculadas con compras y enajenaciones de vehículos que, según su declaración, no habrían contado con la autorización correspondiente del Concejo Deliberante. “Conozco cómo se han ido haciendo algunas cuestiones que siempre han pasado y se han dejado de lado las leyes existentes”, sostuvo.
El presidente del cuerpo legislativo afirmó que, de acuerdo con su interpretación, la legislación establece que para enajenar un vehículo municipal debe intervenir el Concejo Deliberante. “Nunca han pasado, siempre se ha actuado, se han hecho las cosas por un costado de la ley”, expresó Mercado. Y agregó: “Estas son las consecuencias”.
Mercado aclaró que en aquel momento no era concejal, aunque sí formaba parte del gobierno municipal, y sostuvo que había observado operaciones relacionadas con vehículos que, según afirmó, se realizaron sin la autorización del cuerpo deliberativo. “Que se siga, que se llegue hasta las últimas consecuencias”, reclamó.
Desde el Concejo Deliberante señalaron que no encontraron en sus archivos documentación que acreditara una autorización para la adquisición o enajenación de la Toyota Prado.
Por ese motivo, lo expuesto durante la sesión especial será comunicado a la Fiscalía, que deberá determinar las circunstancias en las que el vehículo dejó de formar parte del patrimonio municipal y si existió una operación de enajenación, además de establecer eventuales responsabilidades.
El caso se inició en medio de la repercusión generada por las imágenes de la camioneta en la Laguna Azul, pero la investigación sobre el patrimonio municipal constituye una cuestión diferenciada que deberá ser esclarecida por la Justicia.
Desde el Concejo Deliberante insistieron en que los bienes municipales pertenecen a la comunidad y remarcaron la necesidad de esclarecer lo ocurrido y, eventualmente, recuperar el vehículo.