El intendente Francisco Gordillo anticipó que vetará las ordenanzas y que el municipio no tiene recursos.
La tensión entre los concejales de Pomán y el intendente Francisco Gordillo, se hizo más evidente, luego de que en la última sesión del cuerpo deliberativo, se aprobaran dos ordenanzas que buscan mejorar la situación laboral y económica de los empleados municipales.
Las ordenanzas aprobadas por mayoría en el CD contienen medidas claves en materia salarial. Los instrumentos autorizan un aumento del 20% en los sueldos de los empleados, tanto permanentes como contratados, además de beneficiar a futuros jubilados con una recategorización que busca regularizar en un 80% los ítems en negro en sus recibos de sueldo.
La medida surge, según explicó el presidente del Concejo, Walter Centeno, como respuesta a una necesidad a la realidad que enfrentan los empleados “ante salarios que no alcanzan” y la percepción de que en localidades vecinas, como Saujil, ya se había otorgado un incremento salarial similar. “Nosotros vimos la situación de los empleados y decidimos actuar en consecuencia. La ley 4640 establece que el Concejo Deliberante fija las remuneraciones, y en ningún momento pedimos ningún aumento para los concejales, sino que se ajuste a esa ley.
La intención es que los empleados activos perciban un sueldo digno y que los próximos jubilados tengan una recategorización que mejore su jubilación”, argumentó Centeno, evidenciando que la iniciativa no busca privilegios, sino justicia laboral.
Por otra parte, sobre la recategorización, aseguraron que pretende solucionar un problema recurrente, “muchos empleados, al jubilarse, cobran menos de la mínima establecida por ley”. La propuesta busca que, “antes de los cinco años de jubilarse, se blanqueen los ítems en negro que hasta ahora representan un 80% del sueldo, para garantizar una jubilación digna”.
Respecto a las reacciones del intendente Gordillo, quien desplazó la atención hacia una supuesta intención del Concejo de aumentar sus propios sueldos, una acusación que fue rápidamente desmentida por los ediles, la concejal María del Quinteros aclaró que las gestiones no buscan otorgar aumentos a los concejales, sino ajustarse a la ley y beneficiar al personal laboral.
Sin embargo, la polémica se intensificó cuando Gordillo confirmó que vetaría de forma total ambas ordenanzas, alegando que “fueron aprobadas de forma inconsulta y que el municipio no tiene recursos para afrontarlas”.
Pedido de informe
Además de las ordenanzas aprobadas, los concejales decidieron enviar al Ejecutivo Municipal un pedido de informe para conocer detalles sobre la coparticipación del departamento, las plantillas nominales de empleados y los fondos que ingresan al municipio. “Nuestra función es controlar las arcas municipales. Y este último tiempo no pudo ser así. Gordillo dice que es transparente en todo lo que tiene, entonces que lo muestre, que responda a los pedidos de informe que nosotros realizamos para poder conocer la situación departamental”, exhortó Del Quintero.
Con este pedido, expresaron los concejales, buscan evitar que se sigan realizando gestiones financieras sin la aprobación del Concejo, como lo sucedido con los créditos solicitados por Gordillo, “él mismo lo dijo que tuvo que sacar un crédito al Banco Nación para poder pagar los sueldos de este mes de $25 millones”. “Y no nos olvidemos que ha sacado un crédito de $100 millones para la fabrica Agroindustrias Pomán”, aseguraron y denunciaron que estos créditos fueron tomados sin la aprobación del Concejo Deliberante, como lo establece la normativa.
Auxilios millonarios
A pesar de la vigencia de la Ley de Emergencia Económica en la que se encuentra la provincia y la advertencia de que ante la caída de los recursos reduciría las ayudas a los municipios, el Gobierno provincial autorizó una serie de auxilios millonarios para municipios, para que puedan hacer frente a gastos básicos como el pago de sueldos. En el caso de la Municipalidad de Pomán, recibió $25 millones de carácter no reintegrable.n
