El subsecretario de Políticas Universitarias relativizó el impacto de la movilización en defensa de la educación pública y sostuvo que, más allá de la masividad, las limitaciones fiscales no se modifican.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se refirió a la multitudinaria Marcha Universitaria realizada en Plaza de Mayo y afirmó que, pese a la convocatoria, las restricciones fiscales continúan siendo el principal condicionante. “Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, señaló en declaraciones.
Álvarez sostuvo que la movilización fue organizada por partidos opositores y que, aunque el derecho a manifestarse está garantizado, las decisiones sobre políticas públicas corresponden a los representantes elegidos democráticamente. “Los legisladores y el Presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, remarcó.
El funcionario explicó que la ley de administración financiera establece que toda norma debe indicar el origen de los fondos. “Si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto”, advirtió, en referencia a proyectos que buscan ampliar partidas sin detallar su financiamiento.
En cuanto a la asignación de recursos a las universidades, Álvarez afirmó que el sistema existe para generar graduados y formar profesionales, pero denunció que se ha producido una “desvirtuación completa” en el uso de los fondos. Según dijo, parte del presupuesto se destina al pago de salarios de estructuras políticas más que a la formación académica. “Principalmente, la función es formar gente”, subrayó, al cuestionar la orientación de los recursos.
Las declaraciones se producen en un contexto de tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales, que reclaman mayores partidas para garantizar el funcionamiento del sistema educativo. La marcha del martes reunió a miles de estudiantes, docentes y trabajadores en defensa de la educación pública y puso en agenda la discusión sobre el financiamiento.
Álvarez insistió en que la restricción presupuestaria es un límite ineludible y que las decisiones deben tomarse en el marco de la responsabilidad fiscal. “El derecho a manifestarse está garantizado, pero las políticas públicas las define la representación democrática”, reiteró, en un mensaje que busca marcar distancia con la presión social ejercida por la movilización.