Diputados de la oposición denunciaron que funcionarios de la SIDE viajaron a ver a Franco Colapinto a la Fórmula 1 con plata de los contribuyentes.
La presencia de funcionarios de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la carrera de Fórmula 1 en Bakú volvió a encender las alarmas en el Congreso. Los diputados nacionales Esteban Paulon y Mónica Fein insistieron en un pedido formal para que la Bicameral de Inteligencia investigue si se utilizaron fondos públicos para financiar un viaje que habría combinado actividades oficiales con una escala turística para ver competir al piloto argentino Franco Colapinto.
“Con la tuya a la F1”, escribió Paulon en redes sociales, aludiendo a las sospechas que señalan que el desplazamiento habría costado cerca de $19 millones, presuntamente cargados al presupuesto del organismo de inteligencia.
El pedido de informes se apoya en una nota periodística publicada el 24 de septiembre, donde se describía que funcionarios de la SIDE viajaron a una cumbre de inteligencia en Asia Central, pero cuya ruta incluyó una escala en Bakú el mismo fin de semana en el que se disputó el Gran Premio de Azerbaiyán.
Según la publicación, el itinerario contempló un cruce por el Mar Caspio que habría permitido que los funcionarios asistieran como espectadores a la carrera de F1 en la que participó Colapinto. Ese desvío —completamente ajeno a la agenda institucional— habría desatado malestar dentro del propio Gobierno, que públicamente sostiene una política de austeridad extrema.
En su presentación, Paulon y Fein alertan que, si la información se confirma, el episodio podría encuadrarse en malversación de caudales públicos o peculado, ambos delitos previstos en el Código Penal para castigar el uso indebido de recursos del Estado.
“Se trataría de un viaje oficial que incluyó una parada por fuera de la misión encomendada, aparentemente con el solo objetivo de asistir a un espectáculo deportivo”, sostienen los legisladores. Además remarcan que el hecho involucra a uno de los organismos más sensibles del Estado, y ocurre en un contexto donde el Gobierno justifica vetos, recortes y ajustes sociales en nombre del equilibrio fiscal.
Una Bicameral que deberá dar respuestas
La Bicameral de Fiscalización de la Inteligencia Nacional, encargada de controlar la actividad de la SIDE, tendrá ahora la responsabilidad de determinar si existió un desvío de fondos, quiénes integraron la delegación y qué gastos se realizaron con dinero público. En caso de comprobarse inconsistencias, los diputados anticipan que deberá abrirse una investigación formal para determinar responsabilidades penales. Mientras tanto, el episodio suma tensión a un clima político ya complejo y vuelve a poner en debate el uso de los fondos reservados y la falta de transparencia en los organismos de inteligencia argentinos. De avanzar la investigación, el caso podría convertirse en uno de los primeros escándalos institucionales de peso vinculados a la SIDE en la gestión actual.
