Desde el Presupuesto 2026 hasta reformas como la laboral y penal: el oficialismo pretende que los legisladores aprueben sus iniciativas lo antes posible.
En las próximas horas, el gobierno de Javier Milei formalizará la convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso a través del Boletín Oficial, que se llevarán a cabo desde el 10 de diciembre hasta el 31 del mismo mes, con una eventual prórroga para febrero.
Los interlocutores del oficialismo con el Congreso son el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con intervención del ministro del Interior, Diego Santilli, quienes tienen como tarea garantizar los votos necesarios para aprobar las iniciativas libertarias.
Esos proyectos van desde el Presupuesto 2026, que aparece primero en la lista de las prioridades libertarias, hasta las reformas las reformas laboral, penal y tributaria, como viene siendo anunciado desde el oficialismo.
La intención del Gobierno Nacional es lograr que el proyecto de Presupuesto prda el año próximo obtenga media sanción en Diputados a mediados de diciembre, para que pase al Senado y se apruebe antes de fin de año.
Aunque desde el oficialismo mantienen el hermetismo sobre la letra chica de la reforma laboral, cuyo contenido se conocería hacia el 9 de diciembre próximo, se sabe que apuntará contra la estabilidad de los trabajadores, las indemnizaciones y los convenios por empresa.
Entre otras propuestas, la iniciativa de reforma penal implica el endurecimiento de las penas en un amplio abanico de delitos, elimina la prescripción en casos considerados especialmente graves y restringe los beneficios que actualmente habilitan reducciones o morigeraciones de condenas.
Hasta donde se sabe, la reforma tributaria impulsada por el Gobierno incluiría en lo esencial la creación de un “súper IVA” de hasta el 29%, que en parte Nación cedería a las provincias, simultáneamente con cambios en Ganancias y la eliminación de impuestos de baja recaudación.
El proyecto de ley de inocencia fiscal prevé garantizar a los ahorristas un blindaje ante futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin necesidad de explicar su origen ante el fisco.
La modificación de la Ley de Glaciares responde al pedido de algunos gobernadores que pretenden achicar las zonas indicadas como periglaciares para multiplicar la cantidad de proyectos mineros en sus respectivas provincias
