Crece el conflicto en empresas en un escenario de creciente deterioro del empleo, mientras empleados de Tres Arroyos iniciaron un paro por sueldos impagos.
La economía real cruje, por más que Javier Milei mire para otro lado. Cada vez son más las empresas que cierran o despiden personal, además de otras que adeudan salarios o suspenden trabajadores, y ahora se sumó la compañía textil de lencería Cocot, con 140 despidos. Los empleados protestan en Parque Chas.
Varios trabajadores de Cocot dieron su testimonio: contaron que ganan $600 mil por 9 horas de trabajo, y que encima les adeudan bonos y, a algunos, parte de los salarios. "No nos alcanza la plata", relató entre lágrimas una empleada, "estamos muy mal".
Esta precaria situación se suma a los 140 despidos que la fábrica realizó en los últimos 2 meses, y hay temor por más despidos o suspensiones. Por eso motivo, los trabajadores están reclamando en la puerta de la empresa, en Parque Chas. Hay cierta tensión en la zona porque llegó la Policía para impedir que corten la calle.
Este viernes (23/01) un grupo de trabajadores de la empresa avícola Tres Arroyos realizan un paro por 48 horas por sueldos adeudados y protesta en la plata de la localidad bonaerense de Pilar. Los empleados aseguran que la empresa incumple con el pago en tiempo y forma de salarios, aguinaldos y vacaciones, y señalan la falta de respuestas concretas por parte de la firma.
El problema impacta en alrededor de 300 trabajadores de la planta situada en el barrio Pinazo, en la localidad de Del Viso, donde la incertidumbre laboral se mantiene desde hace meses. Según detallaron, la empresa adeuda horas extras, vacaciones y el aguinaldo, lo que agravó las dificultades para sostener los gastos básicos. “Las familias no llegan a fin de mes”, señalaron, y cuestionaron que la planta continúe con su actividad habitual mientras persisten los atrasos salariales. “Necesitamos que alguien nos escuche y actúe”, reclamaron.
La disputa en la planta de Tres Arroyos en Pilar comenzó en diciembre de 2024, cuando la compañía presentó un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, alegando problemas financieros. Desde entonces, los salarios comenzaron a pagarse de forma escalonada, un mecanismo que los trabajadores aceptaron de manera excepcional y por un período limitado. El procedimiento tenía una vigencia de 12 meses y, según sostienen los empleados, ese plazo ya se cumplió, por lo que consideran que no corresponde continuar con el pago fraccionado. Lejos de regularizarse, la situación se profundizó y, en algunos casos, las deudas salariales llegan a representar hasta la mitad del sueldo mensual.
