Una médica que presta servicios en PAMI Catamarca radicó una denuncia penal ante la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género en contra del titular de la oficina local, Iván Rodolfo López, por abusos de autoridad, violencia de género, acoso laboral y violencia institucional. También realizó una presentación administrativa ante el gerente de Recursos Humanos de PAMI a nivel nacional, Ramiro Aguilar, en la que solicitó la apertura urgente de un sumario institucional contra López y el apartamiento preventivo de su cargo. El funcionario ocupa ese lugar desde marzo de 2024, cuando reemplazó al fallecido Horacio Almada. Hasta entonces no era conocido en el ámbito político.
Denuncian por violencia de género y acoso laboral al titular de PAMI en Catamarca
La presentación se hizo ante la Justicia y en sede administrativa, donde se pidió el apartamiento preventivo de López. La denunciante es una profesional.
En el escrito, al que tuvo acceso El Ancasti, la denunciante acusó al funcionario por abuso de autoridad, violencia de género, acoso laboral y violencia institucional. Según consta en la presentación, López la habría presionado para autorizar internaciones de afiliados que no contaban con la documentación reglamentaria y para alterar formularios de derivación médica ya emitidos. "Pretendían forzarme a incurrir en graves irregularidades administrativas, éticas y legales", explicó la mujer.
Además, denunció que el funcionario la obligaba a cumplir jornadas de más de nueve horas (incluso en sábados y domingos), a realizar auditorías a prestadores allegados a López y a resolver trámites fuera de su jurisdicción. "Fui obligada a intervenir en derivaciones en La Rioja y Córdoba", citó de ejemplo.
La presentación también señala presiones partidarias. La médica indicó (junto a capturas de pantalla con presuntas conversaciones con López) que el director le exigía afiliarse a La Libertad Avanza y asistir a capacitarse como fiscal de mesa para las elecciones, bajo la amenaza explícita de ser despedida si no cumplía. A esto se le suma presuntas humillaciones y maltratos frecuentes.
A raíz del maltrato laboral y psicológico, la profesional se encuentra actualmente con licencia psiquiátrica. En el cierre del documento solicitó la separación preventiva de López de su cargo y las sanciones correspondientes para resguardar su integridad y estabilidad laboral.
"Como mecanismo de hostigamiento, se me prohibió verbalmente ejercer derechos laborales básicos, impidiéndome el uso de permisos, ausencias con aviso y horas para trámites personales. También se me prohibió explícitamente comunicarme con las autoridades de Nivel Central de PAMI para realizar consultas operativas", relató.
Repudios
La presidenta del Partido Intransigente, Adriana Díaz, y Mujeres Radicales Catamarca, respaldaron a la denunciante y repudiaron los hechos que involucran a López como titular de PAMI.
Para Díaz, los hechos "configuran una violación a los derechos humanos fundamentales" y enfatizó que la violencia laboral representa una "manifestación directa de inequidad y abuso de poder". En ese sentido, criticó que el funcionario utilice su "posición jerárquica" y esa "asimetría para vulnerar o amedrentar a una trabajadora".
Por otro lado, recordó la crítica situación que atraviesa el PAMI, en un contexto marcado por el "deterioro de la gestión y los recortes", que, sumado a situaciones de maltrato de este tipo, "se resiente de forma directa la atención a una población tan vulnerable como nuestros adultos mayores".
Además, recordó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo que establece el derecho de un entorno laboral libre de violencia y acoso; y concluyó con una fuerte crítica al Gobierno nacional: "La impunidad para llevar adelante este tipo de acciones se profundiza cuando hay un gobierno nacional que sostiene un discurso antiderechos y promueve reformas laborales que debilitan las protecciones y precarizan el trabajo. Un contexto que invalida derechos solo termina naturalizando e incentivando el abuso de poder".
Desde Mujeres Radicales Catamarca remarcaron que "las relaciones de poder dentro de los espacios de trabajo no pueden convertirse en herramientas de sometimiento, disciplinamiento o intimidación" y que "ningún cargo o responsabilidad institucional puede ser utilizado para vulnerar derechos, hostigar o amedrentar a una trabajadora".
Además, pidieron que las denuncias sean investigadas con "celeridad, seriedad e imparcialidad" y pidieron que se garantice a la denunciante el derecho a ser escuchada y protegida durante todo el proceso. En ese sentido, solicitaron que la trabajadora pueda atravesar las instancias administrativas y judiciales correspondientes sin sufrir represalias ni situaciones de revictimización.
"No podemos naturalizar que una mujer deba soportar maltrato, hostigamiento o presiones para conservar su trabajo. Ni violencia, ni acoso, ni abuso de poder. Las mujeres tenemos derecho a trabajar en espacios libres de violencia", señalaron.