La Fiscalía de Andalgalá imputó a Aldo Flores y Enzo Brizuela, dos miembros de la Asamblea El Algarrobo, por desobediencia judicial, daños y amenazas en el marco de las investigaciones y denuncias que se desataron por el conflicto minero en torno a las actividades de exploración de Minera Agua Rica-Alumbrera.
Flores y Brizuela fueron citados a la Fiscalía y allí los notificaron de la imputación. Ahora, el Juzgado de Control de Garantías deberá decidir si confirma la detención. En ese sentido, las asambleas ambientalistas convocan en las redes a movilizaciones en todo el país y denuncian persecución a los miembros del grupo antiminero. “Esta maniobra ya se torna una persecución a los defensores del agua”, reclamaron en Facebook.
La semana pasada, un comerciante de apellido Martinelli de 37 años denunció a Flores y “otros sujetos de la Asamblea El Algarrobo” por amenazas de muerte. Según relató el hombre, se dirigía a bordo de un camión hacia El Potrero a proveer mercadería a negocios de la zona, y fue detenido en el camino frente al acampe de los asambleístas. Según relató, Flores y sus acompañantes lo amenazaron de muerte y le dijeron que le prenderían fuego el camión.
Por su parte, el Partido Obrero emitió un comunicado en el que expresó un “energético repudio” a la detención y exigieron “la inmediata libertad de Aldo Flores y Enzo Brizuela, además del desprocesamiento de todos los presos por luchar” en Andalgalá.
“Entendemos que esta es una decisión corporativa en defensa de los mega emprendimientos mineros, e igualmente se inscribe en una nueva avanzada represiva contra el derecho constitucional de la protesta. Denunciamos que la Fiscalía de Andalgalá funciona como una secretaria de MARA-Agua Rica y que todo esto es orquestado por el Gobierno. El planteo de la oposición de JPC de la ‘Paz Social’ y de la apertura de canales de diálogo es cómplice de estas medidas represivas”, reclamaron desde el sector de izquierda.