Tras la ampliación de la denuncia del Ministerio de Educación, la Fiscalía de Instrucción nº7 avanzó en la identificación del personal del IES involucrado.
Prácticamente dos centenares de títulos docentes emitidos por el IES 'Clara J. Armstrong' se encuentran bajo sospecha de haber sido entregados con irregularidades, en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia tras la denuncia del Ministerio de Educación, que inicialmente puso la lupa sobre un grupo de 35 títulos potencialmente truchos.
En la primera denuncia, realizada en abril, se apuntó contra tres personas pero el número de involucrados creció con la ampliación que se hizo posteriormente. Podría existir un eventual fraude al Estado Provincial por el ejercicio de la docencia con cargos concursados con títulos irregulares. Hasta el momento, solamente el gremio del SIDCA advirtió sobre una posible "asociación ilícita" dedicada la compra-venta de títulos docentes.
Según pudo conocer El Ancasti, la investigación penal es llevada adelante por la fiscal de instrucción nº7, Paola González Pinto, quien avanzó sobre una serie de informes técnicos en base a la documentación aportada por el Ministerio. En este sentido, se detalló que todo el personal involucrado y/o denunciado está con sumario administrativo en Educación, al tiempo que la Fiscalía intenta determinar la existencia de delito: hasta el momento no han trascendido imputaciones.
Como próximos pasos, para intentar reconstruir la posible maniobra restan saber algunos detalles en particular para los cuales se avanzará con la toma de más testimonios y no descartan realizar alguna una pericia informática.
Ocurre que las irregularidades fueron detectadas al contrastar las planillas digitales con el soporte físico de los títulos docentes emitidos. En abril, el Ministerio denunció sobre un universo de 35 casos de títulos con irregularidades entre 2024 y 2025, aunque el SIDCA, en la persona de su secretario, Sergio Guillamondegui, advirtió que la maniobra "viene desde 2018" y hay "más de 100 títulos truchos".
El único gremio que planteó observaciones fue el SIDCA, en declaraciones de Guillamondegui a Mañana Central, por Ancasti Streaming, en las que advirtió que el número de títulos apócrifos superaría el centenar de casos, según advirtieron docentes del IES. Otros señalan una cifra cercana a los 200 casos.
"El problema no está solo en quien vende, sino también quien compra. Son delincuentes las dos personas. Esto llegó a repercutir alterando el orden de mérito, al inscribirse personas que compraron títulos en la Junta, y eso a nosotros, en representación de mis afiliados, nos genera un perjuicio a la hora de acceder al trabajo", reclamó.
Según explicó Guillamondegui, para que el mecanismo funcionara era necesario el uso de credenciales institucionales y en el IES existían dos: "Una de las claves era de la persona que redactaba los títulos, y la otra clave era la de la rectora, que es la que persona que firma los títulos. Tenían un Libro Matriz paralelo dentro del mismo IES", denunció y pidió que el Ministerio de Educación ordene una auditoría "en todos los IES".
La observación de Guillamondegui respecto del perjuicio generado a los docentes correctamente titulados es notoria. En el caso de confirmarse que hubo docentes que presentaron títulos truchos a la Junta de Clasificación, de por sí implica una ventaja sobre quienes tienen sus títulos correctamente obtenidos. Además, si estos "docentes truchos" obtuvieron horas y ejercieron el cargo, la ventaja se convierte en un perjuicio al resto de los docentes. A su vez, podría implicar un fraude al Estado Provincial, ya que estarían percibiendo haberes por un cargo docente conseguido de manera espuria o irregular.
El 10 de agosto el Gobierno puso en funciones una Comisión Normalizadora, aunque no informó quiénes la integran. "Operativamente realizamos una intervención del IES, están en funciones las nuevas autoridades y trabajando para poder regularizar la situación legal del Instituto y que los títulos que faltan se puedan emitir. Sabemos que hay mucha demora y estamos trabajando en ese sentido con la Dirección de Educación Superior", explicó la ministra Verónica Soria esta semana, consultada al respecto.
El Ministerio señaló que las medidas adoptadas "tienen como prioridad garantizar la continuidad del servicio público educativo y proteger el derecho de los estudiantes a que sus trayectorias académicas sean correctamente registradas y certificadas".