La normativa impide conocer públicamente qué materiales se adquirirán, cuánto costarán y quién será el proveedor, en el marco del plan de modernización militar.
El Gobierno nacional declaró secreto militar una nueva operación de compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti.
La normativa establece que las operaciones contractuales vinculadas con la adquisición quedarán bajo reserva y exceptuadas de las disposiciones habituales de publicidad y difusión de las contrataciones estatales. De esta manera, no se conocerán públicamente las características del material que se incorporará, el costo de la operación, la empresa proveedora ni la fuerza que recibirá el equipamiento.
El decreto autoriza al Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a instrumentar los procedimientos necesarios para concretar la adquisición. Entre sus fundamentos, la medida invoca la Ley de Defensa Nacional N.º 23.554, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas N.º 24.948 y el Decreto 9390/63, que contempla la clasificación de secreto militar para determinadas adquisiciones consideradas fundamentales para la preparación y el empleo de las fuerzas.
La decisión se inscribe en el proceso de renovación del equipamiento militar impulsado por la administración de Milei, que incluyó la incorporación de aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca, vehículos blindados Stryker y helicópteros Black Hawk, entre otros materiales.
Sin embargo, el texto del nuevo decreto no identifica el equipamiento que se pretende adquirir ni especifica a qué fuerza estará destinado. Tampoco establece públicamente el monto de la operación o su proveedor, por lo que no es posible determinar, a partir de la información oficial difundida, si la compra está vinculada con alguno de los programas de reequipamiento ya anunciados.
La publicación de la norma coincide con un período de tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el Gobierno argentino impulsó medidas relacionadas con las empresas petroleras que operan en el archipiélago sin autorización nacional y anunció iniciativas vinculadas con la presencia estratégica en el Atlántico Sur.
Aunque el contexto coincide con la decisión de mantener reservada la nueva adquisición, el decreto no establece públicamente una relación directa entre la operación y la disputa por las islas.
La clasificación como secreto militar permite avanzar con las contrataciones sin divulgar información considerada sensible para la defensa. Al mismo tiempo, deja fuera del conocimiento público los detalles centrales de una compra estatal cuyo alcance todavía no fue precisado oficialmente.
