Las nuevas autoridades de la Facultad de Derecho destacaron la transparencia institucional y el compromiso con una educación gratuita e inclusiva como herramienta de movilidad social.
A 30 días de asumir sus funciones, la decana Gina Bertolone y el vicedecano Julio Barros ofrecieron un panorama detallado sobre la gestión en la Facultad de Derecho, destacando la solidez institucional, los desafíos presupuestarios y el rol irremplazable de la universidad pública en la movilidad social argentina.
Las autoridades pusieron en valor el trabajo de la Comisión Evaluadora, destacando su prestigio y eficacia operativa a pesar de contar con recursos limitados. En este sentido, manifestaron la aspiración de que una futura reforma constitucional otorgue a este órgano "completa autonomía y regulación constitucional". Respecto a la fiscalización, se enfatizó que la universidad opera bajo control académico y presupuestario permanente. "Las cosas se hacen bien y está justificado cada actividad, cada gasto", señalaron, en respuesta a cualquier intento de desprestigio institucional.
La gestión subraya el interés sostenido en la oferta académica. "Todas nuestras propuestas son numerosas", resaltaron. La misma incluye carreras estratégicas como Criminalística y Relaciones Internacionales, las cuales se abren respondiendo a necesidades concretas del mercado local. Por su parte, Bertolone remarcó que la carrera de Abogacía continúa demostrando un alto índice de inserción profesional para sus graduados, por lo que cómodamente abre sus puertas cada año.
Para garantizar el acceso universal, los referentes señalaron que se mantienen herramientas de apoyo como el régimen de licencias para estudiantes trabajadores, con familiares a cargo o con alguna discapacidad, reafirmando que la gratuidad de los estudios es un esfuerzo de toda la sociedad.
Bertolone y Barros defendieron con firmeza la transparencia de la gestión universitaria, subrayando que “la universidad opera bajo control académico y presupuestario permanente”, y que “cada gasto y cada actividad están justificados”. Rechazaron cualquier intento de desprestigiar a la institución pública.
Uno de los temas más sensibles abordados fue la cuestión presupuestaria. Las autoridades calificaron de “paupérrimo” los salarios docentes y alertaron sobre el riesgo que corren los proyectos de investigación si no se garantiza la financiación adecuada. “Es necesaria la voluntad y decisión política para sostener a las universidades”, insistieron.
Finalmente, se recordó el rol fundamental de la universidad pública como generadora de ascenso y movilidad social. Las autoridades celebraron que la institución permita que "un hijo de obrero pueda llegar a estudiar", gracias al esfuerzo colectivo de la sociedad que sostiene el sistema educativo.
