La abogada querellante reveló en Ancasti Streaming que existen empleados de la Cámara de Diputados cumpliendo tareas en el ámbito privado del legislador del MID.
La compleja situación judicial del diputado provincial Javier Galán sumó un nuevo capítulo de gravedad institucional. En una entrevista con el programa Tiempo Real de Ancasti Streaming, la abogada Silvia Barrientos -representante de las víctimas- brindó detalles sobre la investigación por peculado y el presunto uso de recursos públicos para beneficio personal en el corralón "San Javier".
La letrada explicó que, más allá de las denuncias por abuso sexual, la causa por irregularidades administrativas avanza con pruebas contundentes. "Hay otras personas que son de la Cámara de Diputados y que estarían cumpliendo sus funciones en el corralón. Es fácil de comprobar", sentenció Barrientos.
La abogada precisó que la Justicia ya está cruzando información con las autoridades laborales para determinar la situación real de los trabajadores. Según la querella, este desvío de servicios pagados por el Estado hacia el sector privado constituye un delito de peculado plenamente verificable.
Barrientos hizo hincapié en que el proceso no ha estado exento de tensiones. Reveló que un testigo clave ya declaró ante el juez Sago, denunciando haber sido empleado de la Legislatura pero obligado a trabajar en el negocio de Galán. "Se presentó un testigo que también ha sido amenazado de muerte, intimidado con arma, y también sus familiares directos han ejercido mucha presión sobre el muchacho para que no se presentase", denunció la abogada, remarcando que este accionar configura además un "entorpecimiento directo de la investigación".