martes 15 de noviembre de 2022

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Legislatura

Avanza proyecto para el ahorro de energía en la administración pública

El proyecto de ley, impulsado por el diputado Gustavo Aguirre, obtuvo media sanción durante la última sesión de la Cámara baja.

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En la última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia, se aprobó un proyecto de ley que tiene como objetivo promover el ahorro de energía en los edificios de la administración pública y espacios públicos hasta alcanzar estándares de consumo racional, sustentable y necesario para prestar un servicio de calidad a la comunidad. La iniciativa, impulsada por el diputado Gustavo Aguirre, será girada a la Cámara de Senadores.

Para garantizar su cumplimiento, el proyecto promueve la creación de un plan provincial de uso racional y eficiente de la energía en los edificios públicos de la administración pública y en los espacios públicos.

“Estamos asistiendo a una verdadera crisis energética a nivel mundial que incluye a nuestro país, y vemos que hay una nueva política de segmentación de tarifas que apunta a dejar de subsidiar la energía a los particulares y sectores privados a partir de determinados niveles de consumos, y considero que es fundamental que el sector público dé el ejemplo a la sociedad, implementando medidas para optimizar el desempeño energético en sus instalaciones, ya que ese gasto de energía que hace el Estado también lo pagan los ciudadanos con sus tributos”, fundamentó Aguirre.

Y a renglón seguido explicó: “Proponemos medidas concretas que deberán cumplirse en el corto, mediano y largo plazo, alcanzando a los tres poderes del Estado provincial, organismos centralizados y descentralizados, municipios, entes autárquicos y empresas del estado o con participación estatal mayoritaria”.

El plan busca promover el uso racional y eficiente de energía con el fin de erradicar los consumos innecesarios sin resentir el servicio, mejorando la calidad de los mismos.

“Buscamos contribuir a la protección del medio ambiente; el cambio tecnológico en el sector público, como también, un cambio cultural generando hábitos de conductas vinculadas a la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente; fortalecer el rol del Estado como generador de conductas éticas, transformar un gasto público improductivo para ser re direccionado a fortalecer otras prioridades del Estado o menos tributos a los ciudadanos; liberar capacidad energética para fortalecer al sector productivo privado, entre otros objetivos, buscar financiamiento para el reemplazo de luminarias a tecnología led y otros equipo de eficiencia energética en el espacio público y en los edificios públicos tanto en para la provincia como para los municipios”, dijo.

Entre las medidas inmediatas se encuentran la prohibición de mantener encendida la iluminación del alumbrado público fuera de los horarios exigidos por la autoridad de aplicación; la regulación de la temperatura de refrigeración de los equipos de aire acondicionado en 24°C en todos los edificios públicos; proceder al apagado de las luces ornamentales en todos los edificios y dependencias de la administración pública a las 00:00 horas, siguiendo una normativa vigente a nivel nacional. Además, prevé apagar las luces, el aire acondicionado y el stand by (modo espera) de los equipos de computación al finalizar la actividad; y realizar la limpieza de los edificios mediando luz natural.

También prevé realizar campañas de concientización e información para el personal de la administración pública y el resto de la comunidad; establecer metas anuales de ahorro energético con indicadores de medición objetivos y cuantificables; emitir certificados de Eficiencia Energética a los organismos y oficinas que alcancen las metas establecidas; asignar a agentes y/o funcionarios de cada organismo y oficinas la tarea de administrador energético y ayudantes de los administradores energéticos para contribuir al cumplimiento diario de las medidas, entre otras medidas.

La iniciativa legislativa establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y le otorga facultades al ENRE para fiscalizar, controlar y sancionar a los organismos públicos que no cumplan.

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