Advierten sobre el impacto de la reforma laboral en las obras sociales de los trabajadores
La reforma incluye una reducción de la contribución patronal al pago de las obras sociales, cuyo costo recae directamente en el bolsillo de los trabajadores.
Casi por debajo del radar, el proyecto de reforma laboral incluye una reducción de un punto porcentual en la contribución patronal destinada al sistema nacional del seguro de salud. La medida, que no pareció todavía generar el debate que merece, impacta de manera directa sobre el financiamiento del sistema solidario de salud, cuyo espíritu parece estar en el centro de los ataques de cada determinación oficial. Adicionalmente parece ser una determinación que implica el traslado de un costo que hoy estaba en manos de los empresarios hacia los bolsillos de los trabajadores.
El sistema de obras sociales se financia actualmente a través de un esquema contributivo compuesto por un aporte del trabajador del 3% de su remuneración y una contribución del empleador del 6%, lo que totaliza un 9%. La reforma propone reducir la contribución patronal al 5%, llevando el financiamiento total al 8% (3% + 5%).
Un informe elaborado por Santiago Quintana, un Sociólogo especialista en Sistemas de Salud señala que "tomando como referencia una masa salarial anual estimada en aproximadamente 99 billones de pesos, la baja de un punto porcentual representa una pérdida cercana a los $994.000 millones anuales para el conjunto de las obras sociales sindicales". "Se trata de una merma estructural y permanente, derivada de una decisión normativa, independiente del ciclo económico o del desempeño individual de cada entidad", detalla Quintana.
La merma directa se combina con un contexto de caída salarial de los últimos años que redujo la cápita respecto del aumento de precios por haberes que quedan por debajo de la inflación y con el proceso de "descreme" que se fue dando desde que se habilitó la libre derivación de aportes, que elimina la intermediación obligatoria de las obras sociales sindicales.
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Los conocedores del asunto hablan de un impacto devastador: "Todas van a empeorar sus servicios y las más chicas se van a empezar a caer. Fundamentalmente las que tienen menos afiliados que tienen costos altos y poca recaudación". La salida a la situación, todo indica, terminará en el bolsillo de los trabajadores. Es que para compensar ese 1% de aportes que yo pondrán los empleadores o deberán perder calidad en sus planes de atención, pagar una cápita más alta en caso de que estén desregulados o, directamente, tener que afrontar un sistema de copagos masivo y más caros.
Adicionalmente, Quintana detalla que "La caída de los aportes impacta de manera directa sobre el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), pilar central del esquema solidario del sistema. El FSR financia los reintegros del Sistema Único de Reintegros (SUR), las prestaciones de alto costo y el Mecanismo de Integración para personas con discapacidad". Es que el FSR se compone por una retención que hace el Estado -a través de la ARCA- del 15% de lo recaudado.
Y agrega: "La reducción de los ingresos al Fondo limita su capacidad para compensar asimetrías entre obras sociales, genera demoras en los reintegros, desfinancia prestaciones críticas y aumenta la litigiosidad. En los hechos, se debilita el principio de solidaridad intersindical que durante décadas permitió sostener una cobertura amplia dentro del subsistema".
