jueves 21 de marzo de 2024
Tras conocer la pericia de Gendarmería

Adriana Díaz se reunió con la madre de Liliana Garabedian

La diputada Adriana Díaz mantuvo un encuentro con Lola Carrizo, madre de Liliana, cuyo homicidio está impune desde el año 2010.

La diputada Adriana Díaz mantuvo una reunión con la madre de Liliana Garabedian, Lola Carrizo, cuyo homicidio sigue impune desde el año 2010. La legisladora, quien ya había manifestado su apoyo a Carrizo, señaló que con la nueva pericia de Gendarmería que confirma una muerte violenta en contexto de violencia de género “debería haber una resolución inmediata por parte de la Justicia”.

Ambas conversaron sobre los avances en la causa y el pedido de la madre a la fiscala Yésica Miranda, de realizar un cambio de carátula e investigar el homicidio de su hija que a 12 años del hecho sigue impune.

Al respecto, Díaz señaló: “Los tratados internacionales y con rango constitucional sobre derechos de las mujeres, obligan a que casos como éste sean atendidos con la debida diligencia y urgencia cumpliendo los tiempos procesales impuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“Por esta razón hago un llamado al cumplimiento de las responsabilidades que tomó el Estado argentino en cuestiones de género y me refiero a la revictimización de Lola, una mujer de 76 años que pide justicia hace 12 años al Poder Judicial de Catamarca sin que se la escuche y se resuelva respetando sus garantías”, manifestó.

“Estamos hablando de una persona mayor, de una madre que perdió a su hija y que sólo quiere saber qué le pasó. La Justicia no puede, ni debe demorar 12 años para expedirse. Es inconcebible y anticonstitucional lo que se está haciendo. Acá no sólo tenemos a una víctima, que fue Liliana, sino que tenemos a otra, que es su madre y que el mismo Poder Judicial es el responsable de violentarla”.

“Los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino imponen el deber de actuar para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, así como la obligación de asegurar a todas las personas recursos judiciales sencillos y eficaces ante denuncias de violaciones a sus derechos”, concluyó.

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