sábado 24 de febrero de 2024
Análisis

La protesta: el derecho a tener derechos

Por Redacción El Ancasti

La protesta es un derecho conquistado por los pueblos. De alguna manera, heredera del derecho de resistencia, la protesta es la forma que ha logrado adquirir ante las democracias actuales el derecho inalienable a exigir el respeto efectivo de nuestros derechos ante las autoridades públicas elegidas a tal fin.

Es que ningún derecho es la concesión graciosa de un gobernante. Los derechos se conquistan mediante la organización y la lucha de los pueblos, principalmente de aquellos sectores más excluidos. La protesta es, entonces, no cualquier derecho, sino aquél que debe intentar ser protegido por sobre cualquier otro, ya que de alguna manera es el derecho que sustenta la reivindicación de todo derecho.

Aún sin un reconocimiento expreso como tal, es ya pacífica la doctrina que sostiene que el derecho a la protesta encuentra su reconocimiento formal en el derecho a la libertad de expresión, el derecho de petición a las autoridades y el derecho de reunión y asociación. Sobre todo, se afirma, el derecho a la protesta es la garantía de fortalecimiento de las frágiles democracias neoliberales de la actualidad.

Edison Lanza, Relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su texto “Protesta y Derechos Humanos” del año 2019 ha fijado los estándares internacionales que sobre cómo ponderar los diversos derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal ante hechos de protesta social. 

En dicho texto, afirma: “Las protestas han constituido una vía por la cual se logró tanto la elevación del piso de garantía de derechos fundamentales a nivel nacional, como la incorporación de una amplia cantidad de derechos en el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos”.

En los apartados 13 y 14 de dicho documento sostiene:

“13… las formas de protesta deben ser entendidas en relación con el sujeto y objetivo de la acción, el tema de fondo al que responde y el contexto en el que se desarrolla. Algunas modalidades buscan generar cierta disrupción de la vida cotidiana o contestación de prácticas y normas como forma de visibilizar propuestas o temas o amplificar voces que de otro modo difícilmente ingresarían a la agenda o serían parte de la deliberación pública. (…)
14. La CIDH reconoce que la protesta juega un papel fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos, se encuentra protegida por los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos y juega un rol fundamental para viabilizar la participación ciudadana en las elecciones y los referendos. Asimismo, pueden contribuir al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”

En efecto, numerosos especialistas en la materia vienen señalando hace varios años el rol fundamental de la protesta social en el reconocimiento efectivo y la defensa de derechos elementales. Uno de los principales académicos que se dedicaron al tema es Roberto Gargarella, reconocido jurista argentino que ha llegado a sostener que el derecho de protesta es el primer derecho, ya que se traduciría en el derecho a tener derechos. Sin protesta ¿cómo hacen los grupos desaventajados para hacer oír su voz? 

Es que, a la hora de decidir en un conflicto de derechos entre la protesta y el derecho de circulación o el ejercicio de una industria, no podemos hacer abstracción de la realidad en dónde dicho conflicto se presenta. La realidad global, latinoamericana y en particular, la realidad local, indica que vivimos en sociedades profunda y crecientemente inequitativas. Que no todos tienen el mismo acceso al reconocimiento de sus derechos elementales y que las respuestas institucionales varían mucho de acuerdo a factores de clase, raza, género y poder económico. Por ende, mandar a que todes, sin distinciones, hagan fila, presenten una nota, inicien una acción legal, es hacer la vista gorda a dichas inequidades propias de nuestras sociedades neoliberales, así como a las serias limitaciones que presentan nuestras instituciones democráticas para garantizar un acceso efectivo, pleno e igualitario a la justicia y el reconocimiento de derechos.

Es por ello que Gargarella sostiene que los jueces, quienes gozan de la garantía de inmovilidad en sus cargos y no están sujetos a los vaivenes electorales, son aquellos elegidos por la nuestra Constitución Nacional para garantizar los derechos de estas minorías o grupos desaventajados, aun cuando ello resulte impopular o vaya en contra de la voluntad de la mayoría o de grupos más poderosos. El poder judicial en su conjunto tiene el deber de garantizar los derechos de todos, pero en especial, de aquellos que, por su especial condición de clase, género, raza o cualquier otra situación de vulnerabilidad, no pueda obtener el respeto de sus derechos por parte del resto de los poderes del estado y de otros grupos poderosos de nuestra sociedad. 

En su resolución 01/20 de fecha 10 de abril de 2020, denominada “Pandemia y Derechos Humanos” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica a los estados miembros que las medidas que adopten deben respetar la vigencia de los derechos humanos de la población y que el derecho a la protesta en el actual contexto debe ser protegido evitando un uso desproporcionado de la fuerza.

En Catamarca nuestra Corte Local, mediante acordada nro. 4102,adoptó las denominadas “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad” comprometiéndose a implementar medidas efectivas que favorezcan el acceso a justicia delos excluidos de nuestra provincia. No parece que ello haya incidido demasiado en la dinámica institucional de nuestro poder judicial.

Ojalá como pueblo sepamos seguir exigiendo, a través de la protesta social pacífica y de cualquier otro medio lícito a nuestro alcance, a quienes ocupamos cargos públicos de alta responsabilidad institucional, a comprometernos con decisiones que propicien el cambio social hacia una sociedad más justa, menos inequitativa, más atenta y sensible a las enormes distancias entre los de abajo y los de arriba.

Bibliografía

-Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020). Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020 adoptada el 10 de abril de 2020.
-Lanza, Edison (2019). Protesta y Derechos Humanos. Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
-Gargarella, R. (2008). El derecho frente a la protesta social. Revista de la Facultad de Derecho de México, 58(250), 183-199.
-Gargarella, R. (2019). Carta abierta sobre la intolerancia: apuntes sobre derecho y protesta. Siglo XXI Editores.
-Gargarella R. (2005). El derecho a la protesta. El primer derecho. Editorial Ad Hoc.

Aldo Sebastián Vergara Duveaux
Abogado m.p. 2321
Centro de Acceso a Justicia de Belén


 

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